La Jueza de la Ciudad, Elena Liberatori, ordenó disponer la suspensión inmediata de la Ley N° 5.966, que autorizó la incineración de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La sentencia fue producto de la acción de amparo colectivo ambiental para exigir la nulidad de dicha ley, que fue firmada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio del equipo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, explica al respecto que «esta medida cautelar viene a poner un orden desde el punto de vista legal, por cuanto la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no cumplió con los requisitos de procedimiento constitucional. Además, plantea la necesidad de tomar los recaudos necesarios para transformar una norma que rige la totalidad de la gestión de los residuos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual no puede ser abordado a la ligera, como pretendieron el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Cooperativas y organizaciones no gubernamentables hemos advertido desde el inicio de este proceso que es imprescindible construir consenso desde los diversos sectores involucrados, puesto que no sólo se está tratando la mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos, sino de garantizarle a la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires una mejor calidad de vida, evitando los riesgos que podría traer la incineración indiscriminada residuos que pretende llevarse adelante».
La Ley N° 5.966 fue aprobada el 3 de mayo por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley modificó la Ley N° 1.854 de Basura Cero a efectos de autorizar en la incineración de residuos. A su vez, la Ordenanza N° 39.025 «Código de Prevención de la Contaminación Ambiental» que prohíbe la instalación de incineradores por parte del GCBA, sufrió alteraciones para la habilitación de la nueva ley.