Lejos de ser un reclamo sectorial, la política ambiental es hoy una condición estructural para garantizar la estabilidad económica, social y democrática del país

Por Andrés Nápoli y Pía Marchegiani

La crisis ecológica ya no es una amenaza futura. Las inundaciones, las olas de calor extremas, las sequías prolongadas, los incendios forestales y la pérdida acelerada de biodiversidad forman parte de una realidad que atraviesan los territorios, economías y comunidades en todo el mundo.

Frente a este escenario, la respuesta requiere más coordinación, capacidad estatal y cooperación entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, en Argentina ocurre lo contrario: la política ambiental se encuentra cada vez más desmantelada y fragmentada.

Mientras los desafíos ambientales exigen respuestas integrales y articuladas, las normativas recientes y la falta de aplicación de la legislación ambiental vigente genera capacidades estatales cada vez más débiles para proteger bienes comunes como los bosques, los glaciares, los humedales o las cuencas hídricas y las decisiones están cada vez más dispersas entre las provincias, intereses sectoriales y respuestas de corto plazo. Asimismo desoye los reclamos de las comunidades y la sociedad organizada que se moviliza frente a estas decisiones.

Tal como analizamos en la nueva edición del Informe Ambiental FARN (IAF) 2026, durante los últimos años Argentina ha experimentado un marcado retroceso en sus políticas ambientales. La degradación institucional, el recorte de recursos y una tendencia orientada cada vez más a transferir facultades a las provincias no son hechos aislados: forman parte de un proceso que dificulta cada vez más la construcción de una política ambiental coherente a escala nacional.