El Gobierno de la Provincia de Mendoza convocó a una audiencia pública para discutir la Reglamentación de la Evaluación de Impacto Ambiental para la exploración y explotación de Hidrocarburos no convencionales. La misma se llevó a cabo el 28 de diciembre en la ciudad de Malargüe.
Este proyecto de regulación se da luego de que la Federación Argentina de Espeleología y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) iniciaran sendos amparos contra la habilitación absolutamente irregular de varios pozos hidrocarburíferos a explotar mediante la estimulación hidráulica (fracking).
Debemos recordar que el 31 de julio se publicó en el boletín oficial de la Provincia de Mendoza la concesión de una serie de permisos para reconvertir viejos pozos de petróleo convencional en no convencional, mediante la técnica de estimulación hidráulica. Todo ello mediante un procedimiento secreto y con plazos extremadamente cortos, que no incluyeron la obligación de realizar un procedimiento de evaluación de los impactos ambientales, previsión absolutamente imprescindible para habilitar una actividad de gran riesgo para el ambiente y la población en general.
Las autorizaciones irregulares efectuadas por el gobierno mendocino fueron convalidadas por la justicia de primera instancia de Mendoza, que cedió ante las presiones del sector petrolero, en especial de sus principales asociaciones gremiales. El gobierno de la Provincia se comprometió a dictar una regulación específica para la actividad, reconociendo en la práctica la irregularidad de los permisos otorgados y la falta total de control que existe actualmente sobre dicha actividad.
Ahora nos encontramos con la ejecución de esa promesa: el gobierno de Mendoza convocó a una audiencia pública para regular la evaluación de impacto ambiental específica.
Hay 2 aspectos de esta convocatoria que llaman la atención y generan suspicacias:
1) La audiencia en la que se discutió la regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para toda la provincia de Mendoza se realizó en Malargüe, donde se ubican justamente los pozos ilegales antes mencionados, y no en la Capital de la provincia.
2) Llama la atención que se haya convocado una audiencia pública para regular este proceso de EIA si consideramos que ello ya está regulado. Como se dijera, la actividad hidrocarburífera ya tiene su procedimiento de EIA regulado y existe uno específico para las actividades que generan residuos peligrosos como el fracking.
Por todo ello, esta nueva regulación no fue más que un intento de las autoridades provinciales por simular una legalidad a todas luces inexistente en las autorizaciones denunciadas por FADE y FARN. Se convocó en una locación alejada y favorable para la actividad, en uno de los últimos días hábiles laborables del año y con un proyecto de norma muy discutible.
Parece esto un mensaje del gobierno a las petroleras, garantizando sus intereses. Y a nuestra Tierra: que la inocencia te valga.
Actualización:
Finalmente se llevó adelante la mímica de participación ciudadana que produjo el gobierno de Mendoza a fin de aprobar la reglamentación para el fracking.
La ciudadanía contaba con 2 minutos para exponer su postura respecto de una normativa de alta complejidad técnica, sobre una actividad que genera diferencias entre ingenieros y especialistas. De esta manera la participación de quienes tuvieran interés se limitó a una simulación con el único fin de dar una falsa legitimidad a esta embestida contra la tierra.