Luego de realizar una investigación que se desarrolló por más de dos meses y evaluar los informes presentados por la Auditoría General de la Nación, el Máximo Tribunal decidió apartar de la ejecución de la Causa del Saneamiento del Riachuelo al Juez Federal de Quilmes Luis Armella, y ordenó remitir las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación para la investigación correspondiente.

Además de la denuncia contra Armella por presuntas irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca (que fueron denunciadas por el diario Página 12 en agosto pasado), la Corte solicitó a la Justicia Penal que investigue la responsabilidad que le corresponde también a los funcionarios de la empresa AySA y del CEAMSE, en virtud de las contrataciones directas llevadas a cabo, en el contexto del Plan de Saneamiento del Riachuelo y que involucran a las empresas M&T, Gildin SA, Tierras Provinciales SA, Kartonsec SA y Vial Rogo SA.

Por último, la Corte Suprema suspendió los plazos del trámite de la causa hasta tanto se designe al juez o los jueces que prosigan con la misma.