El 19 de febrero de 2024, FARN presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en un caso en el que se debaten los impactos ambientales directos e indirectos de la exploración y explotación hidrocarburífera offshore.

Ahora, el Máximo Tribunal del país debe decidir si concede una medida cautelar climática que proteja a la ballena franca austral y otras especies marinas y exija una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Justamente, la EAE representa una herramienta de política ambiental trascendental que debe ser aplicada sin más demora a la actividad de exploración y explotación hidrocarburífera costa afuera a efectos de analizar alternativas, impactos acumulativos y la armonía de los proyectos con políticas a largo plazo como el cumplimiento de compromisos climáticos y de protección de la biodiversidad marina.

Nadie tiene derechos adquiridos a expandir la frontera de los combustibles fósiles, a destruir un ecosistema marino ni a una especie en peligro de extinción. 

La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la justicia climática que se persigue en este caso.