Sin presupuesto no se puede salvar nuestros bosques nativos. El desfinanciamiento que sufre la Ley 26.331 denota, por parte del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, tanto una sostenida falta de compromiso político por la protección del patrimonio natural, como ignorancia o negación respecto de la emergencia ecológica que se atraviesa. Es imperioso que diputados y senadores aumenten sustancialmente la partida presupuestaria prevista en el proyecto de Presupuesto Nacional 2020, cuando sea tratada en octubre.
Ya es una triste costumbre que la partida destinada al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos no se condiga con lo que establece la plenamente vigente Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos. El año 2020, lamentablemente, no será la excepción.
El artículo 18 del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 20201, recientemente enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, asigna al Fondo de la Ley de Bosques un monto de $ 584.829.000, en tanto que para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos otorga $ 25.000.000. Esto supone un total de $609.829.000, lo que equivale a solo el 3,25% del mandato legal y significa que, por cada hectárea de bosque nativo que posee, en 2020 Argentina invertirá apenas 10,20 pesos2.
El Fondo, creado por el artículo 30 de la Ley 26.331, tiene por objetivo compensar a las provincias que conservan los bosques nativos por los beneficios ambientales que estos brindan. Pero su constitución se demoró debido a la tardía reglamentación de la norma, y su desfinanciamiento sostenido resulta violatorio del principio de progresividad de la Ley General del Ambiente3, obstaculiza el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Bosques y atenta contra los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el Acuerdo de París de Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
La superficie del país cubierta con bosque nativo en 1998 era de 11,26%; para 2015 bajó a 9,77. En términos de área absoluta, Argentina pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998, a apenas 27,3 millones en 2015. Esto representa una disminución de 4.150.000 hectáreas, a una tasa anual de deforestación de 0,83%. Permanece en pie el equivalente al 30% de las masas forestales originales.
Para peor, en todos los períodos analizados en reportes oficiales se registró deforestación en las categorías I (rojo) y II (amarillo)6, ya sea por desmontes no autorizados y/o por la aplicación de procedimientos administrativos provinciales vinculados con la aprobación de cambios de uso del suelo y otras intervenciones con fines agrícolas y ganaderos a nivel predial. Esto se da fuertemente en la región del Chaco, que concentra gran parte de los desmontes.
En 20147, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtió que en Argentina ocurre el 4,3% de la deforestación global, y que en la última década la deforestación fue “la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”. Por su parte, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 2010 y 20158”.
No cabe duda de que el escenario nacional de los bosques nativos sería diferente de no existir la Ley 26.331, con la que se logró visibilizar la problemática de pérdida de los bosques nativos y difundir la importancia de los servicios ambientales y sociales que estos proveen. De hecho, ha habido una baja en la tasa de deforestación (aunque persiste el desmonte de bosques protegidos) y se avanzó en la creación de una institucionalidad en materia de gestión que, previo a la ley, era prácticamente nula.
En adición, en los últimos años se adoptaron decisiones y herramientas que apuntan a mejorar aspectos centrales de la gestión de la Ley de Bosques Nativos en materia de monitoreo, control y fiscalización -destacándose el Sistema de Alerta Temprana y el Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal-, así como también la gestión de los fondos de la Ley con la conformación del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Estas medidas buscan solucionar varias dificultades de implementación, pero en tanto el fondo de la Ley de Bosques no se constituya plenamente, estos avances y la profundización de los logros hasta la fecha alcanzados se verán fuertemente debilitados. Es imperioso que diputados y senadores en el Congreso Nacional aumenten sustancialmente la partida presupuestaria prevista en el proyecto de Presupuesto Nacional 2020, hoy bajo su consideración. Hacer cumplir la ley es parte medular de sus deberes como funcionarios públicos.
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2020/ley/pdf/proy2020.pdf
2 El importe fue calculado sobre la base de un total de 41.846.257 hectáreas, correspondientes a la sumatoria entre áreas rojas y amarillas categorizadas (10.061.753 y 31.784.504 respectivamente, según datos del Observatorio Nacional de Biodiversidad), menos un 30% establecido por ley para ser utilizado por las jurisdicciones para la administración del fondo.
3 Informe “10 años de la Ley de Bosques: Un hito ambiental y mucho por hacer”. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Buenos Aires, 2017.
4 Los datos corresponden a proyecto de presupuesto, no a su ejecución, ya que reasignaciones posteriores disminuyeron este porcentaje.
5 Los datos corresponden a proyecto de presupuesto, no a su ejecución.
6 Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Informe de estado de implementación 2010-2016. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, 2017.
7 https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
8 Informe “10 años de la Ley de Bosques: Un hito ambiental y mucho por hacer”. Op. Cit.
Foto: © Martin Katz / Greenpeace