El pasado 30 de septiembre se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley de presupuesto mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglacial N°26.639. En esta década, se han logrado algunos pasos importantes para la protección ambiental de estos valiosos ecosistemas, pero aún resta avanzar en su cabal implementación.

La ley representó un avance significativo de protección ambiental al reconocer la importancia estratégica de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas de recursos hídricos, declarados bienes de carácter público, para la vida y el desarrollo de actividades económicas.

Desde su sanción, la norma ha sufrido importantes embates del sector empresarial minero en connivencia con autoridades provinciales. A través de distintas estrategias legales, se buscó evitar su implementación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) debió intervenir en procesos legales de las provincias de San Juan -2012- y Jujuy -2014- para confirmar la vigencia de la ley, y luego nuevamente en 2019. Asimismo, en 2017 se intentó reglamentar la norma para achicar su aplicación.

A lo largo de los años, persisten las presiones del sector minero para modificar las normas provinciales sancionadas para proteger esos ecosistemas. Como consecuencia, tuvieron lugar amplias movilizaciones sociales por la defensa del agua en provincias como Mendoza y Chubut.

En 2018, luego de 8 años de sancionada la Ley, se presentó el primer Inventario Nacional de Glaciares, que aún está incompleto. Según la Ley, debe identificar todos los glaciares y formas periglaciares del territorio nacional. Sin embargo, no incluye a aquellos que poseen una superficie menor a 1 hectárea y sólo incluye como ambiente periglacial a los glaciares de escombros. De esta manera, el propio inventario deja desprotegidos al resto de los glaciares y las geoformas periglaciares.

En un contexto de calentamiento global, alcanzar la plena implementación de esta ley que protege el 70% del agua dulce de Argentina junto a las nieves de la cordillera, es una decisión estratégica de corto, mediano y largo plazo para el país. El cuidado del agua, un bien ambiental vital para las presentes y futuras generaciones, no puede ser dejado de lado en pos del desarrollo económico de un sector que genera impactos ambientales significativos.

La crisis socioeconómica que atravesamos, agravada por la emergencia sanitaria del Covid-19, pone de manifiesto la necesidad de atracción de divisas. Por eso, es sumamente necesario un debate profundo sobre el horizonte de desarrollo que se busca para el país: la protección de los glaciares no debe interpretarse como un condicionamiento de la minería, sino como una decisión superior de preservar una fuente de vida.