Para el 2040, se estima que la demanda de litio se multiplicará por 42. Este fuerte aumento se debe, principalmente, a la producción de vehículos eléctricos para consumidores del Norte Global. En Argentina, hoy en día hay aproximadamente 40 proyectos mineros en cartera de litio en salmuera. ¿Quiénes financian estos proyectos y por qué? ¿Cuáles son las consecuencias sociales y ambientales en los lugares de extracción?

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Both Ends presentaron un informe sobre el rol de las agencias de crédito a la exportación dentro de la minería de litio en nuestro país. El trabajo analiza los desafíos para alcanzar una transición energética justa, los riesgos que implican repetir las inequidades sociales y ambientales de los proyectos basados en combustibles fósiles, así como los impactos actuales de la minería de litio, entre los que se destacan el consumo de enorme cantidades de agua en zonas aridas y la violación a los derechos humanos de las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan los proyectos.

Además, el informe presenta una serie de recomendaciones a los gobiernos internacionales y al argentino para avanzar hacia una transición energética que respete el cuidado del medio ambiente y garantice el cumplimiento de los derechos.

¿Qué son las agencias de crédito a la exportación y qué rol cumplen en la minería de litio?

Las agencias de crédito a la exportación (ECA, por sus siglas en inglés) son organismos gubernamentales que otorgan garantías y seguros financieros a sus empresas nacionales -principalmente del Norte Global- ante posibles riesgos de pago. Estas agencias, históricamente, financiaron proyectos vinculados a combustibles fósiles. Solo en 2019 y 2020, las ECA de los países del G20 proporcionaron 40.000 millones de dólares en ayudas públicas a este tipo de iniciativas.

Sin embargo, luego de la COP 26 de Glasgow, 34 países y cinco instituciones financieras se comprometieron a reorientar su apoyo público internacional y lograr un mayor alineamiento con los objetivos trazados en el Acuerdo de París. Con este fin, se comenzó a promover el financiamiento de proyectos de energía renovable y de minería de litio. En Argentina, por ejemplo, la agencia canadiense EDC y la coreana K-sure apoyan en la actualidad diferentes inversiones en proyectos de litio.

¿A quiénes responden estas agencias? ¿Quién determina que estos proyectos se encuentren alineados con el Acuerdo de París? Este eventual alineamiento con los objetivos del Acuerdo de París en términos de emisiones, ¿alcanza para determinar si un proyecto es ecológicamente justo? ¿Qué sucede cuando los proyectos incurren en violaciones a los derechos humanos? ¿Cuáles son los riesgos de repetir las prácticas empresariales que se llevaron adelante con los proyectos basados en combustibles fósiles? Sin un marco regulatorio sólido y una supervisión por parte del Estado, la extracción de litio se inclina a reproducir el mismo patrón de acuerdos opacos y de distribución injusta de los beneficios que se desarrolló en el pasado.

¿Cuáles son los impactos de la minería de litio?

El fuerte aumento de la demanda de litio se explica principalmente por el incremento de la producción de autos eléctricos. Las ventas mundiales de estos vehículos superaron los 10 millones en 2022. Esto genera que la demanda de minerales para las tecnologías de energía limpia aumente de forma significativa.Tomando el 2020 como referencia, se espera que la demanda de litio aumente unas 42 veces en veinte años.

Argentina, Chile y Bolivia poseen el 53,1% de los recursos mundiales de litio en salmuera. En particular, nuestro país es el cuarto en extracción de litio del mundo, después de Australia, Chile y China. Sin embargo, esto no significa que sean también estos países los que tengan el control de la cadena de suministro del litio. De hecho, cinco grandes empresas han concentrado históricamente más del 80 por ciento de la oferta mundial de este mineral:  Albemarle y Livent, de Estados Unidos; Ganfeng Lithium y Tianqi Lithium, de China; y SQM, de Chile.

Hoy en día, en Argentina hay 40 proyectos en cartera de minería de litio en salmuera: dos en operación y en estado de ampliación, uno por comenzar a operar de manera inminente, cinco en fase de construcción avanzada, doce con diferentes grados de avance relevantes, y el resto en etapas incipientes. ¿Cuáles son los impactos de estos proyectos? Primero, la violación del derecho de las comunidades que habitan los territorios involucrados, tanto en lo que respecta a su derecho a una consulta libre e informada y como a un ambiente sano. Segundo, el enorme consumo de agua en regiones áridas. La extracción de litio debe considerarse de la misma manera que la megaminería, dado la cantidad de agua que se utiliza durante el proceso. De acuerdo a un estudio sobre el Proyecto Olaroz-Cauchari, en la provincia de Jujuy, se consumen 584.000 litros de agua por cada tonelada de litio.

Recomendaciones para una transición energética justa

Para lograr una transición energética justa, no sólo es necesaria la desfosilización de la matriz energética, sino también la búsqueda de un modelo de desarrollo nacional, basado en la participación democrática, que responda a las necesidades socioeconómicas y medioambientales de cada país, que asegure el acceso a la energía para todas las personas, que respete los límites planetarios y este basado en la justicia climática, y que, en un contexto de crisis ambiental, apunte a la eficiencia energética.

Las agencias de crédito a la exportación promueven los negocios de sus países de origen, sin un mandato de desarrollo. En el pasado, proyectos apoyados por estas agencias generaron numerosas violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente. Sin un cambio dentro de las políticas de regulación de estos proyectos, difícilmente estas agencias sean el instrumento adecuado para avanzar hacia una transición energética justa.

Es por eso que tanto desde FARN como desde Both Ends recomendamos:

Al gobierno argentino

• Implementar políticas de desarrollo económico y social vinculadas a una estrategia energética nacional soberana; y desarrollar herramientas de evaluación, planificación y gestión ambiental para minimizar los impactos ambientales de los proyectos.
• Garantizar la correcta aplicación de los derechos de Consentimiento Libre, Previo e Informado, así como el respeto de las normas y tratados internacionales.
• Mejorar la capacidad de control de los procesos de extracción y de las empresas mineras.

A los gobiernos internacionales

• Sostener un enfoque de financiación de proyectos centrado en las personas y el medio ambiente.
• Introducir políticas para reducir el consumo de energía y materiales, incluyendo cambios de hábitos de movilidad individual.
• Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los flujos de financiación de los proyectos, así como el respeto de los derechos humanos y de las comunidades.
• Respetar los límites de lo que la naturaleza y los ecosistemas pueden soportar a lo largo de toda la cadena de suministro energético.