En la provincia de Jujuy existe un nuevo proyecto para la producción de plata, estaño y zinc: Mina Chichillas. Las empresas Silver Standard y Golden Arrow, de nacionalidad canadiense han firmado un acuerdo de joint venture para esta explotación, acordando una inversión inicial de más de 80 millones de dólares. Esta explotación se une a la ya existente Mina Pirquitas cuya extensión de vida útil se dio a través de la extensión de su dique de cola.
En diferentes medios de comunicación locales, se ha anunciado el avance en los trámites y permisos de este proyecto. Por su parte, el Secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Miguel Soler, anunció que se garantizarán los controles efectivos en los proyectos mineros y la celeridad en los permisos. Sin embargo al día de hoy, aún no se han conocido los posibles impactos del proyecto y qué medidas se arbitrarán para la protección de la zona.
Allí se encuentra la Laguna de los Pozuelos, sitio altamente protegido por normativas nacionales e internacionales. La laguna posee una de las poblaciones de aves playeras más grandes del país y ha sido la primera zona en declararse como Reserva de Biosfera en Argentina. Constituye uno de nuestros Monumentos Naturales, es considerada sitio Rámsar debido a la importancia de su humedal que alberga más de 100.000 aves playeras al año. Teniendo en cuenta las protecciones que posee el sitio, un emprendimiento de estas características puede afectar severamente la biodiversidad de la laguna y alrededores.
Asimismo existe un amparo judicial de quienes residen en la cuenca Los Pozuelos para evitar que las obras continúen sin la efectiva tutela ambiental.
Desde FARN se presentaron pedidos de información pública a la Administración de Parques Nacionales, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, al Ministerio de Minería e Hidrocarburos de Jujuy y al Ministerio de Ambiente de Jujuy. Consultando sobre el estado del proyecto, la ubicación exacta, junto con la posible afectación al sitio de alta conservación. Además, si se han garantizado las instancias de participación y consulta previa a las comunidades indígenas que habitan la zona.