Alrededor de 800.000 argentinos sumaron su firma a la demanda colectiva masiva que se presentará en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa aprobada por el Congreso que busca habilitar el avance de proyectos mineros en áreas previamente protegidas, comprometiendo la seguridad hídrica del país.

El jueves pasado, la Cámara de Diputados de la Nación, impulsada por el Poder Ejecutivo, aprobó el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. La norma, sancionada en 2010, fue pionera en Latinoamérica al establecer la protección de glaciares y del ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua. La reciente reforma otorga a cada provincia la potestad de delimitar las zonas donde se puede avanzar con proyectos mineros.

Según Leandro Gómez, coordinador del programa Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de FARN, la reforma no solo beneficiará a los proyectos futuros, sino también a aquellos que ya operan en áreas de glaciares en incumplimiento de la ley.

El proceso judicial que comenzará gracias a la adhesión de cientos de miles de personas en la demanda colectiva impulsada por FARN, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas podría extenderse a lo largo de varios años y escalar a estrados internacionales.