Este nuevo aniversario del histórico fallo Mendoza nos encuentra en una situación crítica, con la Cuenca Matanza-Riachuelo como epicentro local de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.  El desastre ambiental aumenta sustancialmente las chances de que la población más vulnerada de este complejo territorio bonaerense atraviese la nueva enfermedad en su versión más severa. No sería justo calificar las mejoras alcanzadas como estéticas, pero son claramente insuficientes. Revisar el rol que cumple -o más bien incumple- la ACUMAR es, a esta altura, una deuda impostergable.

Se cumplen hoy, 8 de julio de 2020, nada menos que 12 años del llamado “fallo Mendoza”, con el que la Corte Suprema ordenó la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la mejora de la calidad de vida de su población, y la prevención de daños futuros. Este nuevo aniversario nos encuentra en una situación sumamente crítica: en la Argentina, el epicentro de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires cuyo corazón es, precisamente, la Cuenca Matanza-Riachuelo.

El distanciamiento físico y el aislamiento social no son posibles en barrios hacinados, donde el acceso al agua para la higiene más elemental recomendada por las autoridades está, en muchos casos, negado. Los servicios de salud en la Cuenca resultan limitados aun en condiciones de normalidad y, por tanto, drásticamente insuficientes frente a un aumento exponencial de la demanda. La fragilidad de la salud de las personas provocada por el desastre ambiental de la Cuenca aumenta sustancialmente las chances de atravesar la nueva enfermedad en su versión más severa, con consecuencias graves o hasta irreversibles. Las afecciones respiratorias provocadas por la contaminación del aire son una amenaza de muerte entre quienes dan positivo por COVID-19.

Cierto es, no obstante, que la sentencia del máximo tribunal del país no fue en vano, ni mucho menos: aun cuando existe un gran escepticismo sobre el grado de avance conseguido tanto respecto del río como en la calidad de vida de la población que habita este complejo territorio, en los 12 años transcurridos desde el histórico fallo las evidencias de mejoras son, aunque insuficientes, innegables y sustantivas; entre ellas, se destacan las siguientes:

• tareas de remoción y limpieza de más de 1400 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua y de los márgenes, lo que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se transformó en una política pública que hoy permite a) ampliar los sistemas de recolección en espacios en los que antes ese servicio no existía; b) la apertura de la traza del llamado “camino de sirga” (borde de 35 metros del río), que se encontraba totalmente ocupada e impedía el acceso; y c) el control y la limpieza del río;
• puesta en marcha del programa de Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (EISAR) y construcción de Unidades de Salud Ambiental (USAs), lo que mejoró el diagnóstico y la atención sanitaria en la Cuenca;
• remoción y cierre de un conjunto oprobioso de basurales a cielo abierto, principalmente en la zona de la Cuenca Alta del Riachuelo;
• avance en obras de infraestructura cloacal tendientes a impedir que la mayor parte de los desagües provenientes de la Ciudad de Buenos Aires terminen en el Riachuelo; 
• acciones -aunque parciales- de relocalización de población en situación de riesgo, principalmente de quienes habitan espacios del denominado “camino de sirga”.

No sería justo ni certero calificar estas mejoras en términos de “cosméticas”, ya que contribuyeron a mejorar las condiciones ambientales para una porción importante de la población en situación de riesgo de la Cuenca y, por tanto, sus posibilidades para hacer frente a las consecuencias a las que hoy nos somete la pandemia.

Dicho eso, ¿pueden estos avances considerarse suficientes?, ¿dan cuenta de una gestión satisfactoria del saneamiento y la recomposición ambiental del Riachuelo? De ninguna manera. Los resultados del fallo Mendoza son, al día de hoy, 12 años después, altamente insuficientes. Así lo señala la propia Corte Suprema: “El plan integral del saneamiento cuenta con un bajo nivel de implementación”.

La calidad del agua del Riachuelo no ha mejorado, nuevos basurales clandestinos emergen hasta el día de hoy, y la población relocalizada apenas supera el 20% de las soluciones habitacionales acordadas en 2010. Las industrias todavía liberan sustancias contaminantes al agua, emiten gases y humos tóxicos; los efluentes cloacales se vierten sin un tratamiento adecuado, las villas y asentamientos se expanden sin servicios urbanos básicos, al tiempo que el volumen de residuos aumenta de manera significativa sin contar con sistemas de gestión integral de residuos tal como ordenara la Corte allá por 2008.

Esto pone en evidencia que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) no logró, en 12 años, cumplir con la finalidad para la que fue creada.  Su baja capacidad para articular y coordinar el accionar de las jurisdicciones que integran la Cuenca impide establecer políticas efectivas en el territorio. Evidentemente, quienes tuvieron a su cargo la dirección del organismo no tuvieron el peso político necesario para desarrollar sus acciones, o desviaron su influencia hacia tareas poco vinculadas con la finalidad para la que fue creada esta autoridad de cuenca.

La ACUMAR no ha sabido liderar procesos regionales ni evitar que otros entes adopten decisiones contraproducentes -un ejemplo es la reconversión del Polo Petroquímico de Dock Sud; el organismo no participó de su planificación, tampoco de las tareas de control de las actividades que hoy, a nivel local, generan impactos en la salud y el ambiente.

En síntesis, habrá de observarse de aquí en más cuál es el rol que cumple -o más bien incumple- la ACUMAR; no hay problema de implementación ni eufemismo político que justifique que, 12 años después, cerca de un 40% de la población aledaña presente plomo en sangre. El saneamiento del Riachuelo debe ser una realidad y, a nivel gestión, sentar un precedente tan exitoso e histórico como el fallo que lo motivara. 

* Una versión más breve de este artículo se publicó ayer en el lanacion.com.ar.