Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierten que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta podría representar un retroceso significativo en la protección ambiental, poniendo en riesgo los avances logrados en la protección de los bosques nativos y creando un peligroso precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones. 

El pasado jueves 19 de diciembre, el Senado de la provincia de Salta sancionó el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Esta es una herramienta clave para proteger los bosques nativos en Argentina, conforme a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Sin embargo, el proceso de actualización en la provincia de Salta presenta grandes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales que comprometen su legitimidad y contravienen los principios de no regresión y progresividad ambiental, según la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) . 

El OTBN debe actualizarse cada cinco años, de acuerdo con la Ley de Bosques, de manera participativa para clasificar los bosques en tres categorías de conservación, que habilitan qué acciones pueden o no llevarse a cabo en esos espacios.

“Resulta increíble que ni siquiera podamos conocer del todo qué fue lo que se aprobó. El proyecto enviado por el gobernador Gustavo Sáez nunca fue publicado de manera completa en ninguna de las dos cámaras de la provincia. Pese a reiterados pedidos realizados para acceder al proyecto de ley con sus anexos: el informe técnico final y el soporte cartográfico resultó imposible conocerlo. Es así que en realidad se desconoce lo que efectivamente fue sancionado. Tampoco se hicieron públicas las reuniones de comisión donde se trabajó el texto, y en el caso del Senado, la sesión de ayer no incluía este asunto en el temario; sino que se propuse su tratamiento durante la sesión”, señala Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

El proceso de actualización del OTBN también se realizó sin garantizar la participación efectiva, intercultural y bilingüe de las comunidades indígenas, lo que constituye una violación de lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente. “Esta grave omisión vulnera derechos fundamentales, compromete la legitimidad del proceso y pone en riesgo la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de las comunidades que dependen de ellos”, señala Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

En un comunicado reciente respaldado por más de 25 organizaciones de la sociedad civil, se menciona que “Chaco y Salta (junto a Santiago del Estero y Formosa) se encuentran entre las provincias que más contribuyen a la deforestación a nivel nacional. Según datos oficiales, desde 2007 hasta 2022, la provincia de Chaco perdió 556.714 hectáreas de bosque, mientras que Salta unas 918.749. La protección de la región chaqueña es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Esta región, que constituye uno de los pulmones verdes más importantes del país, se encuentra entre las más amenazadas del planeta. La deforestación en este territorio no solo pone en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados, sino que también compromete la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos ambientales internacionales”.

“La actualización del OTBN de Salta presenta grandes inconsistencias que van en contra de lo que estipula la Ley de Bosques Nativos. Esto pone en riesgo el remanente de bosques nativos que queda en Argentina. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el correcto cumplimiento de la norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes”, afirmó Jaramillo.

Una de las principales inconsistencias del nuevo OTBN es que la ley estipula que la Autoridad Local de Aplicación debe identificar los desmontes ejecutados de 2009 en adelante (fecha en la que se sancionó el primer OTBN de la provincia) distinguiendo su legalidad o no, y debe elaborar un plan de acción en los casos que corresponda. En tal sentido, la Ley de Bosques determina que los desmontes ilegales deben mantener su categoría de conservación original, y esto tiene que estar reflejado en el OTBN provincial actualizado. Sin embargo, la fecha de referencia debiera ser 2007 y no 2009, aseguran las organizaciones debido a que los bosques se encontraban protegidos, primero por un amparo, y luego por la propia Ley de Bosques sancionada a finales de ese año. 

Además, el OTBN incorpora una categoría transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC), que no está contemplada en la Ley 26.331 ni en la normativa provincial vigente. Esta categoría permite cambios de uso de suelo en zonas antes protegidas sin una delimitación clara, abriendo la puerta a desmontes discrecionales. “Esto crea una gran incertidumbre respecto a las tierras en las que se podrán autorizar cambios en el uso del suelo y cuáles estarán bajo esquemas de conservación, contraviniendo el propósito del OTBN y permitiendo desmontes en cualquier terreno que quede dentro de las APC. Es un retroceso inadmisible que compromete la sostenibilidad de la región chaqueña”, señala Nápoli.

Por todo lo expuesto, Fundación Vida Silvestre Argentina  y FARN rechazan la aprobación del nuevo OTBN y exhortan al gobierno provincial y a la Legislatura de Salta a revertir esta decisión. Es fundamental que garanticen un proceso de actualización del OTBN que respete los principios legales, técnicos y participativos establecidos en la normativa nacional e internacional. La conservación de los bosques no es solo una obligación legal, sino una acción urgente para enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad y climática,  y asegurar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.