FARN manifestó su preocupación por los recientes anuncios de empresas multinacionales que pretenden avanzar su exploración en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, sin haber posibilitado la participación a las comunidades indígenas que habitan en la zona desde tiempos ancestrales. Así tampoco se dio cumplimento con el inventario nacional de glaciares de la Ley de Glaciares Nº 26.639.
La Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN), por medio de la Resolución N° 25/16, reconoció días pasados el documento “KACHI YUPI- Huellas de Sal: Procedimiento de Consulta y Consentimiento, Libre Previo e Informado para las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” e instó a distintas autoridades nacionales y provinciales de Salta y Jujuy a respetar este procedimiento. Dicha resolución significa un paso importante porque legitima los derechos de consulta previa y consentimiento libre previo e informado (CLPI), toda vez que pretenda adoptarse una medida administrativa o legislativa que pueda afectar a una o varias comunidades de la cuenca; se formulen o implemente planes o programas de desarrollo y/o se autorice la prospección o explotación de recursos existentes en dichos territorios.
Desde el año 2010 las comunidades de la cuenca conocen las intenciones de empresas mineras de explotar litio en sus territorios y se han movilizado en defensa de sus derechos ante la Corte. La falta de cumplimiento de los derechos de consulta previa y CLPI llevó a la comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatoyoc a iniciar, en 2013, un reclamo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aún se encuentra “en trámite”.
Durante el 2014 y 2015, en base a los derechos que poseen, las comunidades elaboraron un procedimiento al que llamaron Kachi Yupi o Huellas de Sal. Este documento fue consensuado por las comunidades de la nación y pueblos Kolla y Atakama mediante un proceso de trabajo comunitario, respetando su cosmovisión, derecho consuetudinario e identidad y aprobado por Asamblea General en el mes de agosto de 2015 en la Comunidad de Quera y Aguas Calientes. “Las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatoyoc en defensa del territorio viviente, sagrado y respetado por nuestras generación y futuras, exigimos al Estado que cumpla con el mandato de Kachi Yupi y se aplique a la brevedad” refirió Clemente Flores de la Comunidad El Moreno.
Allí se establece un procedimiento específico, para llevar a cabo el procedimiento de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, con indicaciones precisas para el gobierno, y que además resguarda su cultura ancestral. Este procedimiento es considerado válido y de obligatorio cumplimiento por parte de sus integrantes, de la sociedad en general y de las autoridades del Estado Nacional, Provincial y Municipal.
Durante el mes de marzo la minera canadiense Dajin Resource anunció la firma de un acuerdo para operar en más de 90.000 hectáreas, sin que se le diera lugar a la participación de las comunidades originarias que viven en el lugar. Son más treinta comunidades quienes se enteraron, por distintos medios de comunicación, que las tierras donde habitan iban a ser exploradas para extraer litio. Estos anuncios llegaron escaso tiempo después de que se conociera la medida de eliminar las retenciones del 5% a los minerales metalíferos y no metalíferos, dispuesta en febrero de 2016.
Queda claro que este hecho atenta contra los derechos a la consulta previa y CLPI, vigentes en nuestro marco legal según el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Los estándares internacionales establecen que la consulta debe iniciarse de forma temprana, cuando existe una intención de realizar una actividad exploratoria en busca de recursos minerales, previo a cualquier posibilidad de evaluación de impacto ambiental.
Desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) acompañamos a las comunidades y organizaciones locales presentando notas a la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, al Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy con el objetivo de exigir al gobierno provincial detener cualquier proceso de otorgamiento de permisos en la zona y respetar los derechos indígenas y ambientales vigentes. “Además de proteger su historia, este proceso que ellos mismos han diseñado busca conservar su cultura y sistema de valores, ya que según estas comunidades la sal constituye un “ser vivo” porque tiene un ciclo de crianza, de cuidado y cosecha, llenando este proceso de rituales y prácticas que reproducen una identidad cultural preexistente al Estado”, considera FARN citando el documento Kachi Yupi.