El Gobierno nacional anunció el lunes pasado, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, un nuevo recorte presupuestario de $3.879 millones para la Administración de Parques Nacionales (APN). Aunque en términos cuantitativos la reducción pueda parecer limitada, su impacto resulta significativo cuando se analiza en el marco del deterioro presupuestario acumulado durante los últimos dos años y medio. Siguiendo los datos publicados en el último Monitor Ambiental del Presupuesto, la APN perdió cerca de un tercio de su presupuesto real respecto de 2023, explicado tanto por la falta de actualización de sus fondos como por la decisión política de subejecutar su presupuesto.
Si se considera la proyección inflacionaria incluida por el propio Gobierno nacional en la Ley de Presupuesto 2026, la Administración de Parques Nacionales registraría este año una caída real del 32,3% respecto de 2023. Sin embargo, si se toma como referencia la estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la pérdida de poder adquisitivo se profundizaría hasta alcanzar el 39,4%. En términos concretos, serían necesarios entre $53.147 millones y $72.543 millones adicionales para recuperar el nivel presupuestario real que la APN tenía en 2023.
En este contexto de deterioro presupuestario, el Gobierno dispuso un nuevo recorte de $3.879 millones para la APN. El “ahorro” que se logra con esta reducción representa menos del 0,003% del total del presupuesto nacional, y apenas el 0,22% de los $1.734.369 millones acumulados en concepto de superávit financiero durante el primer trimestre de 2026. Esto deja en evidencia que la medida no responde a una necesidad de equilibrio fiscal, sino que se inscribe en una política sostenida de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a la protección ambiental. En otras palabras, una nueva regresión en términos de derechos ambientales.
En la misma línea, y en el marco de la 4ª Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno también dispuso, a través de la misma Decisión Administrativa 20/2026, recortes sobre partidas vinculadas a infraestructura y equipamiento que afectan al menos a 14 universidades nacionales. Lejos de tratarse de hechos aislados, estas decisiones expresan una misma lógica de ajuste sobre instituciones públicas estratégicas para la producción de conocimiento, la conservación ambiental y el ejercicio de derechos humanos fundamentales.
El 65,9% —$2.557 millones-— del recorte de la APN afecta directamente el funcionamiento cotidiano de 37 Parques Nacionales, 3 Parques Interjurisdiccionales, 2 Monumentos Naturales y 4 Reservas Naturales, comprometiendo partidas esenciales para la gestión y el mantenimiento de estas áreas protegidas. Entre los rubros alcanzados se encuentran la contratación de servicios técnicos y profesionales, el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos e infraestructura, combustibles y lubricantes, repuestos, limpieza, energía eléctrica y provisión de insumos básicos. El 34,1% —$1.322 millones— restante desfinancia los programas de Actividades Centrales, Formación y Capacitación, Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas, Planificación, Formulación y Ejecución de Políticas de Conservación en Áreas Naturales Protegidas y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas.
En el marco de la Ley 22.351, la Administración de Parques Nacionales tiene entre sus funciones la conservación y protección de áreas de alto valor ecológico, paisajístico y cultural, tareas que en gran medida son llevadas adelante diariamente por el cuerpo de guardaparques y brigadistas nacionales. Su trabajo resulta fundamental para el monitoreo y cuidado de la biodiversidad, la prevención y manejo de incendios, el control y vigilancia ambiental, la atención de visitantes y el acompañamiento a comunidades locales. Sin equipamiento adecuado, vehículos en condiciones, combustibles, herramientas e insumos básicos, estas funciones no pueden desarrollarse de manera correcta ni digna.
Lejos de tratarse de gastos “secundarios”, las partidas alcanzadas sostienen la capacidad operativa mínima necesaria para garantizar la protección efectiva del patrimonio natural del país. En un contexto de ajuste acumulado sobre las políticas ambientales, nuevos recortes profundizan el debilitamiento de las capacidades estatales destinadas al cuidado del ambiente y a la prevención de riesgos socioambientales cada vez más frecuentes, como es el caso de los incendios que afectan año tras año a nuestro país.