A través de una carta, relatores especiales de Naciones Unidas e integrantes del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas manifestaron su preocupación por el posible impacto que tendrá la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno en el cumplimiento de, entre otros, el derecho al acceso al agua, al acceso a la información y participación, y a un ambiente limpio, saludable y sostenible.
La reforma, que pone en riesgo las fuentes de agua de más de siete millones de personas en nuestro país al permitir el desarrollo de la minería tanto en glaciares como en el ambiente periglacial, atenta contra el acceso al agua potable, derecho humano reconocido internacionalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas.
“En Argentina, la efectividad de su ejercicio depende de la protección de ecosistemas saludables y de la gestión sostenible de los recursos hídricos, algo que está directamente relacionado con el riesgo que supone, para los glaciares y los ambientes periglaciares, el proyecto de reforma de ley en cuestión que pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”, indicaron en la carta.
Además, los relatores especiales y el Grupo de Trabajo indicaron que la reforma de la Ley de Glaciares pone en riesgo la seguridad hídrica de las poblaciones que viven en zonas cercanas a la cordillera de los Andes y compromete sus actividades económicas.
Entre otros puntos, la carta destaca el deber de proteger a la biodiversidad, establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual la Argentina es parte; el desplazamiento desde un régimen de prohibiciones claras hacia un esquema de determinación caso por caso, lo que presenta limitaciones para incorporar un enfoque sistémico, estratégico y acumulativo; la falta de participación social amplia y adecuada, conforme a los estándares internacionales, en el debate de la reforma; y la posibilidad de que la nueva norma genere un aumento de discrecionalidad administrativa a nivel provincial, susceptible de influencias y presiones de empresas y corporaciones.
En ese sentido, desde Naciones Unidas solicitaron, entre otros puntos:
- Explicaciones sobre la compatibilidad del proyecto de ley con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, de acceso al agua, de cambio climático y de conservación y protección del ambiente.
- Información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para cumplir con su deber de proteger los derechos humanos frente a posibles vulneraciones de las actividades empresariales, y explicar de qué manera el proyecto de reforma es coherente con dicho deber.
- Explicaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la información y una participación pública efectiva, conforme con las normas internacionales.
- Explicaciones sobre cómo el proyecto de reforma asegura el cumplimiento integral de las obligaciones asumidas en el Acuerdo de Escazú.
- Información sobre el estado de implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y sobre las medidas adoptadas para garantizar que la participación de las empresas sea transparente, responsable y conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La carta, presentada el 27 de febrero, lleva la firma de Damilola S. Olawuyi, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; Albert K. Barume Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Pedro Arrojo-Agudo Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.