El viernes 26 de diciembre por la noche el Senado de la Nación dió sanción definitiva a la Ley de Presupuesto 2026. Si bien tener una ley sancionada reduce los márgenes de discrecionalidad del Poder Ejecutivo para la modificación de partidas, el presupuesto nacional aprobado plasma la falta de prioridad asignada a la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, la obra pública, la cultura, los derechos humanos y el ambiente. Dentro de esta última área se incluyen las políticas preventivas de inundaciones e incendios, y la limitada la asistencia ante los impactos de dichos eventos.
Más allá del propio contenido del cuerpo de la ley y los importes destinados a cada partida, la forma de tratamiento en ambas cámaras del Congreso de la Nación implican un debilitamiento de la democracia. Así como el intento de modificar la Ley de Glaciares de manera exprés conlleva echar por tierra una norma que fue ampliamente discutida antes de su sanción, el Gobierno buscó hacer lo mismo con las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad —ratificadas en dos instancias por el Congreso— a través del proyecto de Ley de Presupuesto 2026. Aunque no tuvo éxito en derogar ambas normas por el rechazo en la Cámara de Diputados, sí logró derogar o modificar artículos que garantizaban pisos mínimos al financiamiento educativo, a la ciencia y la tecnología, y las escuelas técnicas.
Con media sanción, la Comisión de Presupuesto del Senado se reunió en tiempo récord para que el dictamen de mayoría pueda ser tratado el 26 de diciembre. En paralelo al tratamiento del presupuesto en el Congreso, el Gobierno nacional repartió fondos ATN a determinadas provincias, cuyos legisladores de igual signo político que los gobernadores en cuestión votaron luego favorablemente al proyecto. Esto también es lesivo para la democracia.
Como ya hemos expresado en otras instancias, la Ley de Presupuesto 2026 sostiene que casi uno de cada diez pesos se destine al pago de la deuda pública. A su vez, la norma incrementa los montos para seguridad, defensa e inteligencia, y mantiene importantes subsidios a la extracción de hidrocarburos y exenciones impositivas a la minería. Mientras tanto, se reducen las partidas de salud, educación, ciencia y tecnología y obras viales, puntos que fueron explicitados en el debate parlamentario por legisladores de la oposición. Lamentablemente, el ambiente y la regresión presupuestaria que conlleva esta norma brilló por su ausencia a lo largo del tratamiento legislativo. Únicamente hubo una mención al incumplimiento de la asignación de fondos para la Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos (en violación a la Ley 26.331). Las acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático, el servicio nacional de manejo del fuego, la Administración de Parques Nacionales, las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la protección de áreas marinas, son solo algunas de las partidas que, a pesar de ser cada vez más necesarias, se ven recortadas por el Presupuesto 2026.
Por último, otro rasgo del presupuesto es la reducción de la obra pública y de los fondos a las provincias. La falta de una visión genuinamente federal del presupuesto termina por generar una presión sobre las provincias, obligadas a buscar fuentes propias de financiamiento. Esto actúa como un mecanismo fiscal en favor de la explotación de recursos mineros e hidrocarburíferos sin control.
El 2026 debe encontrar al movimiento socioambiental poniéndo límites a más regresiones ambientales y de derechos humanos.