En el contexto del Día Internacional de la Madre Tierra, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatizó que el impulso hacia una transición energética no debe reproducir las mismas lógicas de desigualdad y extractivismo. 

La relatoría retomó el reclamo que FARN, junto a otras organizaciones, presentó en la audiencia temática celebrada en noviembre de 2024 ante la CIDH. Allí alertaron a la Relatoría Especial sobre los graves impactos ambientales y sociales que ya se están produciendo como consecuencia del desarrollo acelerado de la minería vinculada a la transición energética. Se advirtió sobre la contaminación de cuencas hídricas, la afectación a ecosistemas frágiles y territorios ancestrales, así como el incremento de conflictos socioambientales y amenazas contra comunidades locales, pueblos indígenas y personas defensoras del ambiente. Las organizaciones también denunciaron la falta de garantías en el acceso a la información, la participación pública y la consulta previa, libre e informada, así como una ausencia de evaluaciones previas, integrales e independientes de sus impactos en los derechos humanos y el ambiente. Todo lo cual profundiza la vulneración de derechos humanos en estos contextos.

“Es indispensable avanzar hacia una transición justa que respete los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano, desde las primeras decisiones estratégicas hasta la implementación territorial de los proyectos”, sostuvo la REDESCA. También afirmó que resulta urgente fortalecer los marcos de gobernanza y garantizar el cumplimiento de altos estándares ambientales y de derechos humanos, de modo que la transición energética no se construya a costa de los derechos fundamentales ni de los ecosistemas. 

Leé el comunicado de la REDESCA acá.