Las organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos nos dirigimos hacia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de hacerle saber de la reiterada violación del Acuerdo de Escazú en el proceso de reforma constitucional de la Provincia de Jujuy, y de solicitarle, como autoridad de aplicación del mismo, que arbitre los medios necesarios para garantizar su vigencia en el territorio provincial, en particular los derechos de las personas defensoras del ambiente.
Este proceso de reforma constitucional de la provincia de Jujuy violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas, y el acceso a la justicia, pero sobre todo, no aseguró que las personas defensoras ambientales tuvieran un espacio adecuado para el ejercicio de sus derechos.
AMAI Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas
ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales)
AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Amnistía Internacional Argentina
Avaaz
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Consciente colectivo
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia)