Del 17 al 21 de noviembre, se lleva a cabo la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica. Este evento organizado anualmente por la Comisión Europea tiene como objetivo debatir sobre el acceso y el suministro sostenible y seguro de materias primas en y para Europa.

Mientras tanto, la creciente demanda mundial de los minerales críticos (impulsada no solo por la transición energética, sino también por la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial) está causando graves impactos socioambientales y vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades locales. Durante la Semana de las Materias Primas, este será uno de los temas a ser abordado por la sociedad civil.

¿Por qué son importantes los debates sobre políticas de minerales en la Semana de las Materias Primas?

En la Semana de las Materias Primas, la seguridad de las cadenas de suministro de minerales, la competitividad y la autonomía estratégica estarán en el centro del debate sobre el acceso a minerales en y para Europa, aunque el foco debería estar más que nunca en un cambio de paradigma, uno que priorice los derechos humanos y la protección del ambiente por encima de los intereses económicos del Norte Global.

Hay 3 puntos clave que la sociedad civil considera que la Unión Europea debe tener en cuenta:

• Cumplimiento efectivo de los derechos humanos y la debida diligencia: La UE debe mantener sus compromisos internacionales y evitar retrocesos en la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa. La autorregulación empresarial no garantiza responsabilidad ni transparencia; por eso se requiere un marco jurídico sólido que asegure la rendición de cuentas en toda la cadena de suministro de minerales críticos.
  
• Transparencia, acceso a información, participación de sociedad civil y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas del Sur Global: Es esencial garantizar el acceso a la información y la participación temprana y efectiva de las comunidades afectadas y la sociedad civil. El respeto al derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas es clave para prevenir daños sociales y ecológicos.

• Reducción del consumo de minerales y transición justa: La UE debe cuestionar las proyecciones de demanda de minerales y establecer metas vinculantes de reducción de energía y materiales, respetando los límites planetarios. Una transición justa requiere evaluar alternativas menos dañinas y promover economías circulares que consideren las realidades locales.

Los humedales altoandinos: ecosistemas clave en riesgo

Los humedales andinos son esenciales para la regulación del agua, la mitigación del cambio climático y la subsistencia de comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, la minería de litio amenaza su equilibrio ecológico y la disponibilidad hídrica.

Argentina cuenta con reservas de 17,1 millones de toneladas de cobre y 18,6 millones de toneladas de carbonato de litio. Junto con Chile y Bolivia, Argentina concentra alrededor del 53% de las reservas mundiales de litio, ubicadas en los humedales andinos, zona conocida como el “Triángulo del Litio”. La minería intensiva en estos ecosistemas agrava la vulnerabilidad climática y compromete la integridad ecológica y cultural de las comunidades y territorios. Además, el impulso por expandir la extracción de estos minerales contradice los marcos multilaterales de protección ambiental y los compromisos climáticos y de biodiversidad asumidos por los Estados Parte.

En la provincia argentina de Catamarca, la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto, operada por Livent y actualmente por Rio Tinto, ha provocado, desde 1997, la desecación de más de cinco kilómetros de la vega del río Trapiche. Este daño ambiental fue denunciado ante la Corte de Justicia provincial, que ordenó detener nuevos permisos hasta que se realicen evaluaciones ambientales integrales y acumulativas. 

En Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en el norte del país, más de 30 comunidades indígenas elaboraron el Protocolo Kachi Yupi para exigir el respeto a su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, los proyectos avanzan sin consulta, sin información sobre los ecosistemas y los usos locales, ni estudios adecuados, poniendo en riesgo el agua y la vida en la región. Incluso, la reforma constitucional de Jujuy y un decreto provincial debilitaron aún más la evaluación ambiental y la participación pública, transfiriendo la responsabilidad de la consulta a las propias empresas.

Aunque el país ha ratificado tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, que reconocen los derechos indígenas y ambientales, la aplicación de estos compromisos convive con políticas que incentivan la extracción y limitan el control estatal, como la Ley de Inversiones Mineras (N.º 24.196) y el reciente Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que reducen la capacidad del Estado para actualizar normas ambientales o priorizar el uso del agua para las comunidades. 

Conocé más sobre los humedales altoandinos

¿Cómo afecta la minería de litio a los humedales altoandinos y las comunidades que viven en los territorios?

En estos videos, vas a observar el proceso de cómo afecta la actividad minera sobre los ecosistemas y por qué es importante protegerlos.

Humedales Altoandinos es un podcast original de FARN con la colaboración de Yuchan y Fundación Humedales, en el marco del Programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza de Fundación Humedales.

En estos episodios recorremos los humedales altoandinos, conocemos cuáles son sus características, los servicios ecosistémicos que brindan, su biodiversidad asociada y a las comunidades locales que allí habitan. Además, el valor que tienen estos ecosistemas y por qué es importante conservarlos.

Hacia una transición realmente justa

La transición energética global no puede construirse a costa de nuevos sacrificios territoriales ni del debilitamiento de los derechos humanos y ambientales. Esta debe ir acompañada por una reducción efectiva del consumo de materiales y energía, y por reglas claras que garanticen justicia, transparencia y participación en toda la cadena de suministro.

Solo una transformación que integre los límites ecológicos del planeta, las voces de las comunidades del Sur Global y el pleno respeto por los derechos humanos permitirá avanzar hacia una transición energética realmente justa y un futuro sostenible y equitativo.