Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países de  América Latina —entre ellos Argentina, México y Colombia— expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.

La audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos de América.

“El número de organizaciones que respalda esta solicitud da cuenta de la preocupación que esta técnica genera”, apuntó la Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Enfatizó que la documentación de los impactos y casos que se expusieron durante la audiencia será clave para la agenda de empresas y derechos humanos, así como para el estándar interamericano que se está impulsando en dicha materia.

La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, en el marco de esta audiencia, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación al principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking. Para ello, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking brindará el respaldo técnico y la documentación necesaria en seguimiento de esta audiencia.

“En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos”, destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia. “La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada”, afirmó.

En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a los daños potenciales a su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre ellas debido a los roles de cuidado socialmente asignados.

Refiriéndose a la experiencia de las comunidades mapuches de Argentina, Santiago Cané, coordinador de Asuntos Legales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó: “Se producen hechos de violencia contra quienes defienden el ambiente y sus derechos. Institucionalmente, podemos hablar de la criminalización de la protesta social como una forma de intimidación para eliminar la resistencia a los proyectos de fracking. La prosecución de causas penales contra los líderes de las comunidades que se oponen al desarrollo del fracking ha llegado a convertirse en una campaña mediática e institucional, por la que se busca instalar la idea de que las comunidades mapuches integran un grupo terrorista”.

En México, “específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz —que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país—, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesianos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida”, manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

Dorys Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, señaló que: “En Europa, 18 países han aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces, si el fracking es tan bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?”

Según datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América Latina existen cerca de 5mil pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2mil. Mientras que en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número supera los 3,350.

A pesar de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones al fracking en tres estados de EEUU, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en al menos 72 municipios de Brasil.

La expansión del uso de esta técnica está causando y puede causar graves impactos en los derechos humanos. El avance del fracking representa una amenaza para la consolidación del marco jurídico que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene impulsando y que incluye las obligaciones de los Estados y la protección internacional a los derechos humanos y el ambiente.