Organizaciones de derechos humanos solicitaron con carácter de urgencia la suspensión de la reforma constitucional de Jujuy. El reclamo nace del rechazo generalizado que manifestaron comunidades y pueblos indígenas, movimientos sociales, sindicales y políticos de esa provincia, durante los días 15, 16, 17 y 18 de junio, y en rechazo a las intervenciones represivas por parte de la policía de la provincia en los distintos focos de protesta social.
En su carta a Gerardo Morales, Gobernador de la Provincia de Jujuy y Presidente de la Convención Constituyente, y María Gabriela Burgos, Vicepresidenta a cargo de la Presidencia Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy, señalan que “es la única medida adecuada y efectiva para garantizar el acogimiento del reclamo y asegurar un debate necesario, obligatorio y participativo de todos los sectores de la sociedad de Jujuy y en particular la consulta libre, previa e informada con las propias comunidades que debe seguirse para definir los contenidos y alcances de los derechos de los pueblos indígenas en un texto constitucional”.
Organizaciones firmantes
ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales)
AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)
Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial)
ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Amnistía Internacional Argentina
Avaaz
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Consciente colectivo
ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ)
SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia)