El Gobierno de Jujuy convocó a la ciudadanía general a una instancia de consulta pública abierta virtual del 11 al 31 de octubre de 2022 sobre el “Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley N° 5.063 General del Ambiente de la Provincia de Jujuy – Actualización del Decreto N. 5772-P-2010 sobre Protección Ambiental para la Actividad Minera en la Provincia”. Se trata de un mecanismo mediante el cual la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, convoca a la ciudadanía a expresar su opinión respecto al proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley Nº 5.063 General del Ambiente de la Provincia de Jujuy (que actualiza el actual Decreto 5.7772-2010 sobre Protección Ambiental para la Actividad Minera en la Provincia), a través de la recepción de aportes que deben ser ingresados en una plataforma digital.
La actualización de un decreto para la protección ambiental de la actividad minera es de gran importancia por los elevados impactos ambientales de la actividad a gran escala. Requiere, además, de una amplia participación y debate público en la medida que indaga sobre cómo lograr la adecuada implementación de normas y criterios ambientales fundamentales. El decreto no tienen en cuenta aspectos centrales del abordaje ambiental tales como por un lado, el principio precautorio, el principio de progresividad, el principio de equidad intergeneracional. Por el otro, tampoco integra las herramientas de planificación ambiental (por ejemplo, el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impactos acumulativos), y la aplicación de normas de protección ambiental (como la Ley de Glaciares, y la vigencia de los derechos de acceso). Estas circunstancias reviste de suma gravedad frente a la conflictividad ambiental existente y a las constantes defectos de implementación de las normas ambientales e indígenas vigentes a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, las condiciones para ese debate no están dadas. La discusión que pretende darse del proyecto de decreto no se adecúa además a los mandatos del Acuerdo de Escazú ya que no se establecieron plazos razonables para que el público pueda conocer, examinar y comprender acabadamente el proyecto de decreto en evaluación. Tampoco se aseguraron las condiciones propicias de participación para todos los grupos y sectores de la sociedad, más aún teniendo en cuenta que las comunidades indígenas que habitan los territorios donde se lleven adelante las actividades mineras serán las principales afectadas. Este llamado a consulta tampoco es claro en cuanto a su proceso, puesto que no se conoce el modo en que serán consideradas las opiniones que se emitan.
La gravedad de los términos en los que se plantea la consulta pública es notoria. Del análisis del Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley N° 5.063 General del Ambiente de la Provincia de Jujuy, se han identificado graves falencias en cuanto a la aplicación de los derechos de acceso a la información, participación y consulta libre previa e informada, que implican una necesidad urgente de adecuación a los preceptos constitucionales e infraconstitucionales, como la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.
En el documento adjunto identificamos los principales problemas de participación previstos y los mecanismos establecidos para acceder a información pública ambiental.