El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación presentó el pasado 2 de mayo la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), en un nuevo intento por legitimar la actividad minera en el país tras los sendos rechazos de comunidades y organizaciones de la sociedad civil en distintos puntos del país.
Esta iniciativa se suma a tantas otras que en los últimos años persiguieron los mismos fines: bajo lemas de transparencia, de acercar la actividad a la comunidad o de buscar legitimación. Entre ellas, se encuentra el Nuevo Acuerdo Federal Minero, el Centro de Información Minera Argentina (CIMA) -luego reemplazado por el Sistema Federal de Información Minera-, el ingreso de Argentina a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por su nombre en inglés), el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), y los dos recientes, la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC) y el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM).
La mayoría de estas iniciativas se dan resaltando las supuestas bondades económicas de la actividad, las que en un marco de crisis económica signada por una deuda externa apremiante, podrían proveer de inversiones para incrementar la exportación y las ansiadas divisas. No tienen en cuenta los elevados impactos socioambientales de la actividad, ni integran un análisis económico más completo sobre los recursos públicos que se necesitan para el desarrollo de la minería (por ejemplo, los gastos tributarios que las arcas públicas dejan de percibir por el régimen de exenciones e incentivos). A su vez, tampoco consideran los costos de recomponer ambientes contaminados.
Además, la MEMAC y el SIACAM surgen tiempo después de que movilizaciones populares en distintas regiones de Argentina, hayan reforzado la importancia de la protección del ambiente en vinculación a un modelo de desarrollo local no minero; motivo por el que ambas iniciativas podrían leerse como un nuevo intento por difundir los supuestos beneficios de la actividad y de construir la legitimidad social que el sector carece.
La MEMAC fue presentada como un espacio federal de debate, en el cual todos los actores involucrados al sector podían participar. Sin embargo, la participación inicial en la Mesa no se dió de manera abierta, sino que se mantuvo restringida a aquellos actores invitados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, centrada en actores gubernamentales nacionales y provinciales que promueven el desarrollo de la minería, y de sindicatos y cámaras empresarias vinculadas a la actividad. Se reflejó así, una mirada endogámica, con un mensaje homogéneo, centrado en la supuesta necesidad de desarrollar la minería para el desarrollo nacional y local.
Además de los problemas enumerados previamente, desde FARN queremos llamar la atención sobre otros dos temas.
En primer lugar, las iniciativas propuestas se vislumbran como axiomas, verdades que no necesitan ser discutidas abiertamente (“la minería es fundamental para el crecimiento económico argentino y es necesario desarrollarla”; la mera existencia de minerales en distintas zonas pareciera justificar que deban ser indefectiblemente extraidos), parten de premisas sesgadas (la vocación primordial de un territorio en el que existen minerales es su extracción, relegando otros aspectos culturales, sociales, económicos, ecológicos del territorio, sin contemplar actividades productivas alternativas), y resultan a-históricas (desconocen los distintos antecedentes de incumplimiento reiterado de las normas ambientales y la violación de derechos que acompaña a la imposición de la minería como opción única).
Además, involucran una mirada endogámica (solo importan las voces y saberes de quienes promueven la actividad minera, y la intervención de las comunidades y organizaciones -cuando existe- ocurre en instancias tardías, se limita a meros formalismos o desoye sus propuestas y reclamos). En tal escenario, es muy difícil que estas iniciativas traigan alguna novedad a la situación de desconfianza justificada que existe en territorios y organizaciones que se preocupan por el ambiente.
El sector minero plantea la iniciativa MEMAC como el inicio de una relación con la comunidad, desconociendo que no es verdaderamente un punto de partida para el debate en torno de la actividad; sino, muy por el contrario, constituye una continuidad a un paradigma de definición de políticas públicas en constante avasallamiento de las normas ambientales como el acceso a la información y la ley de glaciares, por nombrar algunas, y el desconocimiento de los derechos de las comunidades locales y poblaciones indígenas.
Lejos de tomar estas preocupaciones como punto de partida, la iniciativa remarcó la importancia de divulgar los supuestos beneficios de la minería, frente a la “información falsa” y falta de conocimiento de quienes se oponen a la misma. Este planteo aleccionador, no solo sitúa a las otras partes interesadas en una posición de desigualdad, sino que también pone de manifiesto la pretensión de crear un consenso social que viabilice el desarrollo minero, modificando las opiniones de quienes lo rechazan. Por consiguiente, la Mesa se alinea con el concepto de ingeniería social, según el cual sectores empresariales y gubernamentales interesados en la actividad, desarrollan estrategias para moldear opiniones, “mitigar” disidencias y “construir” consensos. (Dunlap, A. y Verweijem, J. 2021).
En segundo lugar, no hay diálogo posible en un contexto de violación de derechos como los de libertad de expresión y manifestación, así como los ocurridos en Choya (Catamarca) donde se sucedieron hechos de represión policial hacia asambleístas y manifestantes que se expresaban en defensa del agua y en contra del proyecto minero MARA. Estos se suman a numerosos hechos de criminalización, amedrentamiento y violencia hacia las personas defensoras del ambiente.
La violación de derechos y la violencia ejercida hacia defensores y defensoras del ambiente señalan el incumplimiento del plenamente activo Acuerdo de Escazú. Los repetidos casos de criminalización, persecución, amenazas y violencia hacia las personas que defienden el ambiente, pone de manifiesto la necesidad de su pronta implementación efectiva en nuestro país, y evidencian una falta real de voluntad política de generar debates genuinos y de construir visiones conjuntas.
Por último, cabe mencionar que el diálogo debe ser abierto, sincero, de buena fe, basado en la construcción de confianza y escucha mutua, no debe partir de premisas cerradas ni tener como finalidad la reafirmación de las mismas o la “mitigación” de las opiniones disidentes.
Un debate plural y democrático es posible pero debe darse en otras condiciones: discutiendo la orientación del desarrollo, de manera de contemplar la crisis climática y ecológica, atendiendo a la participación de cada comunidad, y evaluando las alternativas existentes sobre una mirada que integre las distintas voces, saberes y actividades productivas, en las que la minería es tan solo una opción entre otras.