Frente a la disolución del FOBOSQUE, un instrumento clave para ejecutar las medidas necesarias para la protección y conservación de los bosques nativos, desde FARN solicitamos al gobierno nacional que retrotraiga esta decisión y cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley 26.331 o Ley de Bosques.

El gobierno nacional eliminó, a través del Decreto 888/24, el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Este fondo fue creado para implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la contribución nacional presentada por la Argentina al Acuerdo de París y mejorar la eficiencia y transparencia en la administración y ejecución de los montos destinados a la conservación de estos ecosistemas en el país.

Este Fondo Fiduciario, creado en 2018 a través de la Ley Nº 27.431 para administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, constituyó un avance importante en la gestión y rendición de los fondos destinados a la protección y conservación de estos amenazados ecosistemas naturales. 

Este Fondo permitía: 

• realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso, y

• obtener una redituabilidad mientras los fondos esperaban ser transferidos, un aspecto clave en un contexto de alta inflación.

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos fortalece la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible, permitiendo controlar la deforestación, apoyar a las comunidades locales y asegurar la implementación efectiva de los objetivos establecidos en la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos. 

Entre los considerandos que fundamentan la medida para disolver este fondo se destacan el déficit de capacidad institucional de las provincias para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos.

Las deficiencias de las autoridades provinciales no pueden ser excusa para eliminar herramientas que facilitan cumplir una ley. En todo caso, esto debería dar lugar a mejorar los sistemas de administración e implementación del fondo, y, si se verifican, efectuar las denuncias correspondientes por la malversación de los fondos públicos que se alegan en los fundamentos.

Sin embargo, y lejos de ello, se opta por eliminar directamente el Fondo Fiduciario, lo cual, además de significar un retroceso en términos de transparencia y uso de los fondos, impide confirmar que los recursos económicos se destinen únicamente a proyectos pensados y monitoreados estratégicamente para cumplir con los objetivos de la ley y no sean desviados hacia otros destinos. Asimismo, la disolución del fondo no deja ningún otro valor agregado en términos de transparencia y rendición de cuentas, aspectos muy alegados en estos días por el gobierno nacional, y simplemente busca recortar otro fondo para cumplir con la baja del déficit fiscal. Esto va en detrimento, claro está, de la protección de los bosques nativos.

Además, este decreto implica que la Argentina se quede sin herramientas para compensar a las provincias y a aquellos privados que hacen un esfuerzo para mantener los bosques nativos en pie, poniendo en altísimo riesgo a la biodiversidad y a los medios y modos de vida de las personas que habitan y dependen de estos ecosistemas.

Por otra parte, la medida va en contramano de compromisos internacionales climáticos y de biodiversidad asumidos por nuestro país y de las tendencias globales que buscan resguardar que los productos agropecuarios no se vinculen con la deforestación. El Decreto 888/24 podría atentar, en este sentido, contra la inserción internacional de los productos argentinos, constituyendo una decisión gubernamental irracional también desde lo económico.

La eliminación del FOBOSQUE significa un grave retroceso en el cumplimiento de la Ley 26.331 y colisiona de lleno con el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú. Esto se ve agravado por la posibilidad de perder los fondos que quedaron remanentes de los años anteriores.

Por todo esto, le exigimos al gobierno nacional que retrotraiga esta medida, que ponga el foco en seguir construyendo sobre los logros alcanzados a partir de la política instaurada gracias a la Ley Bosques, y restituya este fondo clave para la protección del ambiente y el bienestar general de la sociedad. A su vez, es fundamental que se cumpla con la Ley 26.331 y se le asigne al Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos el 0,3% del Presupuesto Nacional y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, sobre todo de las comunidades directamente dependientes de bosques sanos en nuestro país.