El sábado 8 de julio se cumplen 15 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo “Mendoza», un hito en el país que obligó al Estado a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Según ACUMAR en la cuenca viven más de 4 millones y medio de habitantes, esto representa el 10% de la población de la República Argentina.
Si bien quedan desafíos pendientes por abordar, se han realizado varios avances como la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), con poderes legales e institucionales para impulsar el plan de saneamiento; y tareas de limpieza de márgenes y toneladas de residuos sólidos en el área del río, implementando una política pública de recolección de residuos en espacios previamente desatendidos. Las obras de infraestructura de agua y saneamiento han progresado. Además, el fallo generó un cúmulo muy importante de información respecto a la Cuenca previamente desconocida.
Sin embargo, según explica Cristián Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, las acciones desarrolladas hasta el presente no han producido resultados del todo satisfactorios. En este sentido, en 2018 la Corte determinó que “la implementación del Plan Integral del Saneamiento cuenta con un bajo nivel de implementación, por lo que se le requirió a las autoridades que precisen y establezcan fechas ciertas para la finalización”. ACUMAR, por su parte, no pudo demostrar que hayan mejorado las condiciones de las aguas superficiales del río ni la calidad del aire en la cuenca baja del Riachuelo.
Las principales causas de la contaminación de la Cuenca, en orden de importancia, son los efluentes cloacales en un 70% y los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en un 30%, así lo indica el informe de Calidad del agua de la Cuenca Matanza Riachuelo de ACUMAR. “Si bien se han hecho grandes avances, aún quedan acciones pendientes de carácter socio-ambiental que deben implementarse de manera conjunta para cumplir con el saneamiento integral del Riachuelo”, explicó Fernández.
Algunas de las acciones pendientes que destacaron desde FARN son: establecer un régimen de control y monitoreo más riguroso de los vertidos industriales, así como sancionar a las empresas que no cumplen con la normativa. También se necesita acelerar la ejecución de las obras cloacales y de saneamiento de aguas, perseguir la presentación, ejecución y finalización de los planes de reconversión industrial por parte de los establecimientos declarados como agentes contaminantes en el ámbito de la cuenca y relocalizar a la totalidad de las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y riesgo sanitario y ambiental.
Además, es fundamental implementar un plan integral de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) articulando con los Municipios, realizar un estudio integral de riesgo para el Polo Petroquímico de Dock Sud y fortalecer la protección de las reservas naturales que forman parte del sistema ambiental del Riachuelo.
“Cuando la autoridad ambiental no controla eficazmente actividades riesgosas para la salud de los ciudadanos ni adopta medidas rápidas tendientes a remediar lesiones a derechos de incidencia colectiva, es crucial una cuota de activismo judicial. Esto es lo que sucedió hace ya 15 años y que debe seguir aconteciendo todos los días hasta que se cumplan efectivamente los objetivos ambientales”, enfatizó Fernández.
“No desconocemos la complejidad que implica sanear una cuenca que ha sido históricamente contaminada a raíz de diversos factores, pero es fundamental redoblar esfuerzos,implementar políticas y articular entre los diversos actores que inciden en el ámbito de la Cuenca, para que el balance de los próximos años sea más positivo que el actual” agregó Giselle Munno Dithurbide, abogada ambiental y responsable de Asuntos Legales de FARN.
Cronología del fallo “Mendoza”
Julio de 2004: Un grupo de vecinos de la Provincia de Buenos Aires y CABA, encabezados por Beatriz Mendoza presentaron una acción judicial contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, por los daños sufridos a causa de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Junio de 2006: La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para abordar aspectos vinculados a la prevención, recomposición y resarcimiento del daño ambiental colectivo. También, le ordena al Estado Nacional, la Provincia, Ciudad de Buenos Aires, y el COFEMA la presentación de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental que contemple un ordenamiento ambiental del territorio
Agosto de 2006: La Corte acepta la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación y de organizaciones no gubernamentales (entre ellas, FARN), que solicitan se condene a los demandados y el cese inmediato de la actividad contaminante.
Julio 2008: El día 8 de ese mes, la Corte dictó la sentencia definitiva y determinó que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y CABA eran responsables en la prevención y recomposición del daño ambiental de la Cuenca. Además se crea ACUMAR como entidad que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. También, se admite la existencia de un Cuerpo Colegiado, integrado por representantes de distintas ONGs – entre ellas FARN, que tiene la función de controlar el cumplimiento de la sentencia.
Abril de 2010: La Corte le solicitó a ACUMAR, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que, en el plazo de 15 días, realicen un informe de forma conjunta sobre el cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia definitiva dictada el 8 de julio de 2008.
Febrero de 2011: se convocó a una nueva audiencia pública a fin de que el tribunal tome conocimiento de sobre el estado del cumplimiento de la sentencia.
Octubre de 2016: La Corte requirió de ACUMAR un nuevo informe, invitando a los integrantes del Cuerpo Colegiado a que expresen su opinión sobre los aspectos que podrían modificarse para un mejor cumplimiento de las metas fijadas por la sentencia.
Noviembre de 2017: La Corte criticó el informe presentado por ACUMAR por considerar insuficientes las medidas adoptadas y por considerar incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. En esta resolución, se advierte que no se ha informado en detalle la cantidad de personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación.
Abril de 2018: La Corte señaló la marcada debilidad institucional de ACUMAR por su escaso rendimiento, y la subejecución del presupuesto que se le asigna. A su vez, le exigió a la autoridad de Cuenca, en el término de 30 días, que presente ante el Tribunal los plazos de cumplimiento de las metas establecidas dictadas en la sentencia.
Julio de 2022: A 14 años de la sentencia, el Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento emitió una declaración pública donde advierten que “ninguno de los objetivos se han logrado”.