En un evento organizado junto con Swedbio del Centro de Resiliencia de Estocolmo, CBD Alliance y Reacción Climática de Bolivia, FARN presentó el Acuerdo Escazú sobre derechos de acceso a la información, a la justicia y participación ciudadana en temas ambientales para Latinoamérica y el Caribe en la 14° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Se contó con la distinguida presencia de la Delegación de Costa Rica, país que ha sido un champion del proceso de Escazú, y de José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL.
Este encuentro se dio en el marco de una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que empujamos por una agenda de derechos humanos en el proceso de las negociaciones internacionales de biodiversidad, pidiendo a la comunidad internacional por acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica llevadas adelante con un enfoque basado en derechos, que incluye perspectiva de género.
MARCO DEL EVENTO
El plan estratégico 2011-2020 del CDB y sus Metas de Aichi para la Biodiversidad están próximos a finalizar, y pese al esfuerzo hecho y el progreso alcanzado, la evidencia demuestra que aún estamos lejos de salvar a la biodiversidad, fundamental para sostener la vida en la Tierra y asegurar el bienestar humano.
Ahora, a las puertas de las negociaciones para acordar una nueva década de trabajo, se deben tomar medidas urgentes para crear un verdadero y profundo cambio en la forma en que percibimos e interactuamos con la naturaleza, en el entendimiento de que las crecientes tasas de pobreza, hambre y desigualdad reflejan complejos aspectos sociales, realidades que están intrínsecamente entrelazadas en la actual crisis ecológica.
Al considerar el marco mundial para la biodiversidad post 2020, es imperativo que los titulares de derechos, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales, y todas las partes interesadas sean efectivamente involucrados. Si bien la relación entre los derechos humanos y la biodiversidad es cada vez más reconocida, la escalada de hostigamiento y asesinato de defensores ambientales y de los derechos humanos es alarmante, además de los intentos en algunos países de limitar las actividades de las organizaciones no gubernamentales. En 2017, se estima que 197 personas fueron asesinadas por ejercer sus derechos de participación para defender el medio ambiente.
En este marco, surgen importantes iniciativas como el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el «Acuerdo de Escazú» (Principio 10, Declaración de Río). Es el primer tratado de la región sobre asuntos ambientales y el primero en el mundo en incluir disposiciones sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este acuerdo regional legalmente vinculante, abierto a la firma y ya con 16 países signatarios, no sólo es un instrumento legal innovador para la protección del medio ambiente, sino que también es un tratado de derechos humanos. Escazú puede hacer una contribución regional relevante para asegurar el acceso a la información y la participación de la sociedad civil tanto en el proceso de negociaciones camino a un marco global 2020-2030 para atender la crisis de biodiversidad que atravesamos, como también en su implementación efectiva.
Por otro lado, la relación entre los derechos humanos y la biodiversidad también está vinculada a la discusión en torno a los derechos de la naturaleza. La naturaleza no puede hablar por sí sola, por lo que necesita que la gente hable en su nombre, lo que no puede suceder si los derechos de los defensores ambientales a la información, la participación, el acceso a la justicia y, en última instancia, el derecho a la vida, están amenazados por la persecución y el asesinato. Por otro lado, ¿cómo puede haber vida en la Tierra sin biodiversidad y ecosistemas que nos sustenten a todos? ¿Ha llegado la gobernanza ambiental a sus límites? ¿Pueden los derechos de la naturaleza convertirse en una forma innovadora de interactuar con la naturaleza y lograr los objetivos finales del CDB?
DISERTACIONES
Previo a una rica discusión con el diverso público presente en el evento que llenó la sala, hubo una serie de presentaciones para poner de relieve el contexto arriba mencionado.
Ana Di Pangracio, Directora Adjunta de FARN y experta en las negociaciones internacionales del CDB, disertó sobre los principales objetivos del Acuerdo Escazú, y la ruta camino a su adopción. Destacó sus provisiones más centrales, entre ellas el reconocimiento del derecho de toda persona a un ambiente sano y el principio de no regresión ambiental.
Puso en valor el proceso de las negociaciones camino al Acuerdo Escazú, habiendo sido las mismas un proceso abierto y convocante, con fuerte y efectiva participación del público, lo cual transformó al Acuerdo Escazú en un tratado para la gente, hecho por la gente.
Luego resaltó que el Acuerdo reconoce principios democráticos centrales, que detalla el contenido de los derechos, lo cual profundiza la gobernanza ambiental. Por otro lado, destacó que Escazú no es solo un acuerdo ambiental, sino también uno de derechos humanos. En este sentido, mencionó que la biodiversidad es necesaria para el pleno disfrute de un amplio rango de derechos humanos (derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la vida, a la salud, entre otros), y que, a su vez, si respetamos los derechos humanos, se refuerza nuestra habilidad de poder alcanzar las metas globales de conservación como las establecidas en el marco del CDB. En esta línea, Escazú pone en el centro a la ciudadanía, y hace especial foco en las personas y poblaciones vulnerables, muchas veces aquellas que más dependen de los servicios ecosistémicos, promoviendo su plena y efectiva participación. A su vez, Escazú tiene por objetivo ser parte de foros y negociaciones ambientales internacionales y ello incluye al CDB. Por lo tanto, el Acuerdo Escazú puede hacer un relevante aporte regional para asegurar el acceso a la información y la participación del público no solo en las negociaciones para definir el nuevo marco global para la biodiversidad 2020-2030, sino también en su implementación.
Por ello, Di Pangracio resaltó que es muy importante que el Acuerdo entre en vigor prontamente, y comunicó que entre las principales acciones en el corto plazo de las organizaciones de la sociedad civil es incidir por la pronta ratificación del Acuerdo, y profundizar las acciones de capacitación comunicación, para generar conciencia en la ciudadanía sobre el Acuerdo Escazú, involucrar a más personas y grupos en el proceso, y lograr efectivos aportes de la sociedad civil en el comité de implementación y cumplimiento y en la primera conferencia de las partes del Acuerdo que tendrá lugar a más tardar un año después de la entrada en vigor.
Carmen Capriles de Reacción Climática, organización de la sociedad civil activa en el proceso de Escazú al igual que FARN, centró su disertación en la contribución que hace el Acuerdo Escazú para atender la preocupante situación de los defensores ambientales y de los derechos humanos. En este sentido, destacó que el Acuerdo Escazú es el primero en el mundo en obligar a las Partes a tomar medidas para proteger a los defensores. Ciertamente un aporte relevante por parte de una región que es la más peligrosa en el mundo para quienes defienden cada día el ambiente y los derechos humanos.
Resaltó que, hasta julio de 2018, 46 defensores han sido asesinados en la región, siendo los números más altos los de Colombia y Guatemala. Los pueblos indígenas son los más afectados. 2 de cada 3 defensores del medio ambiente son indígenas. Se remarcó que ellos están defendiendo sus tierras, sus ríos, sus recursos, y el patrimonio que dejarán para la próxima generación. Nuestro sistema actual, formas de vida y sed de recursos han llegado tan lejos que ahora afecta hasta a las áreas protegidas. Necesitamos ver cómo nuestras formas de vida afectan a las poblaciones indígenas. Necesitamos iniciar procesos de resolución de conflictos. ¿Cómo podemos construir un futuro mejor con ellos?
Capriles también resaltó los aportes del Acuerdo Escazú en materia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El tratado los define como aquellos que resultan más afectados por los grandes proyectos. ¿Por qué están ocurriendo los asesinatos? La mayoría de ellos están relacionados con la agroindustria, la caza furtiva, la minería, la tala, el agua y las represas. El paso final es el asesinato. Antes de eso hay hostigamiento, y eso no se reporta tan ampliamente. Destacó que nadie habla sobre el hecho de que no puede obtener trabajo o hablar sobre sus opiniones porque el gobierno lo pone en una lista de vigilancia. Así, expresó que espera que Escazú pueda cuidar a la gente más amenazada por estas iniciativas y asegurarle acceso a la justicia.
A continuación, April Portería, una joven defensora del ambiente en Filipinas, reflexionó sobre qué significa ser un defensor ambiental y de los derechos humanos cuando hablamos de biodiversidad, con especial foco en la situación en Asia y el Pacífico.
Filipinas es ahora el segundo país más peligroso del mundo para los defensores. Las personas están siendo perseguidas y atacadas por defender a la naturaleza. ¿Quiénes son los defensores ambientales? Son personas comunes, que defienden el medio ambiente, su derecho a la vida y su derecho a vivir en armonía con la naturaleza.
Portería expresó que necesitamos entender por qué hay un aumento de asesinatos y amenazas a nuestros entornos. En el Sudeste Asiático, África y América Latina, existe una gran desigualdad entre las personas y el acceso a los recursos naturales. En Myanmar, tenemos un caso de un defensor que fue atropellado por un camión cuando se enfrentó a una mina. En todos estos casos, vemos cómo las actividades corporativas y estatales están interrelacionadas. Privan a las personas de su acceso natural para sobrevivir en sus comunidades, su fuente de sustento, su dominio ancestral y su patrimonio.
En el Sudeste Asiático, los asesinatos están ampliamente vinculados a los recursos naturales. El agronegocio tiene el mayor número de asesinatos relacionados, seguido de la minería y las plantaciones forestales. Según el informe de Global Witness, Filipinas es el país de la región con mayor número de defensores ambientales muertos, seguido de Tailandia y Camboya.
Particularmente en Filipinas, los asesinatos han aumentado desde la elección del presidente Duterte. Esto también está vinculado a la guerra contra las drogas. Se ha catalogado a 600 individuos como terroristas, 46 de los cuales son defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Destacó que las mujeres y los grupos indígenas son los más vulnerables. Ha habido trece mujeres asesinadas, en relación con la minería, las plantaciones y el carbón. Las mujeres también enfrentan amenazas sexuales.
Portería finalizó expresando que a su organización en Filipinas le gustaría trabajar con redes regionales y plantear este tema de los defensores ambientales y de los derechos humanos y promover un “Escazú” para su región.
Claudia Ituarte-Lima, Asesor en Derecho Ambiental Internacional para Swedbio compartió el rol de valientes mujeres como guardianes de los ecosistemas de la Tierra. En materia de género, destacó que el CDB tiene su propio plan de acción de género (2015-2020), que entre las normas de derechos humanos y de los derechos de las mujeres se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen una meta exclusiva para la igualdad de género (ODS 5).
No obstante, Ituarte-Lima sostuvo que necesitamos un cambio de narrativa. Las mujeres son vulnerables, sí, pero las mujeres también son fuertes y poderosas en sus comunidades. Pidió por un cambio narrativo de mujeres vulnerables a titulares de derechos empoderados que protegen y contribuyen a la biodiversidad. En este sentido, se necesita mejorar las capacidades de los responsables de respetar los derechos de las mujeres.
Mencionó las palabras de Phyllis Omido, ganadora del Premio Ambiental Goldman, ”que no se trata solo de las comunidades indígenas, los pobres o los marginados. Esto es sobre todos. Cada vez más personas utilizan la ley para desafiar a quienes violan los derechos ambientales. Más de 100 países han reconocido el derecho humano a un medio ambiente sano en sus constituciones. Solo les pedimos que respeten sus constituciones.”
Dio el ejemplo adicional de Wangari Mathaai, grupos juveniles de Filipinas que dicen que no son la generación futura, son la generación actual y quieren ser escuchados. Asimismo, compartió el caso de una madre soltera, también es poderosa, que creó su propia organización, el Centro para la Justicia, la Gobernabilidad y la Acción Ambiental (CJGEA por sus siglas en inglés) y ahora tienen redes en todo el mundo.
Remarcó que se necesita destacar la cara humana detrás de la relación entre derechos humanos y la naturaleza. Más de 100 países reconocen los derechos ambientales y, sin embargo, desafíos importantes en la aplicación y la rendición de cuentas del gobierno y las empresas. Necesitamos de mujeres y grupos empoderados, sujetos activos para fomentar la sostenibilidad del planeta, incluida su gente. Los defensores del medio ambiente expresan los intereses de sus comunidades, pero también de quienes no tienen voz, como las plantas, los animales y las generaciones futuras.
Asimismo, indicó que es hora de integrar los derechos de las mujeres a la sostenibilidad ambiental. Así, señaló que ha habido avances legales para abordar la biodiversidad y los ecosistemas saludables y reconocer el papel de las mujeres, como la promoción de la integración de la biodiversidad en sectores relevantes en el marco del CDB, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el informe temático sobre biodiversidad y derechos humanos del Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente (Prof. John Knox) y dimensiones transversales de los derechos humanos y la sostenibilidad en la Agenda 2030 (ODS).
No obstante, Ituarte-Lima sostuvo que es necesario entrelazar principios de derechos humanos y ODS 16 (paz, justicia e instituciones fuertes) con el marco post 2020 para la biodiversidad del CDB. Un objetivo independiente que refleje el ODS 16 y las dimensiones transversales de los derechos humanos en este marco post 2020 podría: cambiar la narrativa de la vulnerabilidad de las mujeres a titulares de derechos empoderadas para beneficiarse de la biodiversidad y los ecosistemas saludables y contribuir a ella; aumentar la capacidad de los responsables de respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres relacionados con la biodiversidad y los ecosistemas saludables; y mejorar las capacidades de los titulares de deberes y los titulares de derechos para trabajar juntos y ser una fuerza positiva para salvaguardar los sistemas que sustentan la vida y de los cuales depende la humanidad.
A continuación, Gadir Lavadenz, Coordinador de la CBD Alliance, compartió los avances legales en materia de derechos de la naturaleza y su relación con los derechos humanos y el CDB. Resaltó que este enfoque de derechos de la naturaleza se trata de aplicar una herramienta de acuerdo a su propio contexto.
Informó que países como Ecuador, Bolivia, tienen derechos a la naturaleza, pero también a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Colombia. Las normas que reconocen los derechos de la naturaleza ponen la salud del mundo natural en el centro de la toma de decisiones humanas.
El concepto de derechos a la naturaleza surge de los pueblos indígenas, en cuyos territorios viven en armonía y dependen de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza reconocen los valores no económicos de la naturaleza, es necesario reconocer el valor intrínseco del derecho de la naturaleza a la existencia sostuvo Lavadenz.
¿Cómo ponemos los elementos centrales de la naturaleza en nuestra toma de decisiones? se preguntó. Los ministerios de medio ambiente tienen un poder limitado, otros ministerios imponen su visión. Actualmente, la naturaleza se considera propiedad, por lo que puede ser comercializada, destruida y poseída. Nuestro sistema legal central no protege la biodiversidad, solo controla la contaminación y legaliza los daños.
Lavadenz cerró sosteniendo que debemos reconocer que la naturaleza tiene su derecho a existir, incluso si no se le puede poner un valor monetario como sucede con algunas especies.
Jose Luis Samaniego de CEPAL por su parte, sostuvo que los grandes desafíos de nuestro tiempo, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de la tierra, y el agotamiento de los recursos naturales requieren de profundas transiciones hacia un desarrollo sostenible. Incluyendo patrones de consumo y producción sostenibles.
Aclaró que abordar estos asuntos no puede ser el trabajo de un solo actor. Promocionar la democracia ambiental a través de la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Rio (Cumbre de la Tierra) refuerza y completa la habilidad de los gobiernos de atender estos problemas. Garantizar los derechos de todos de acceso a la información, justicia y participación en asuntos ambientales es fundamental para abordar la inequidad y avanzar hacia un desarrollo ambientalmente sostenible. Esos derechos, precisó, aseguran no solo que los problemas ambientales se aborden debidamente sin afectar poblaciones vulnerables, sino que además que las necesidades de esos grupos se consideren apropiadamente.
Afirmó que los derechos de acceso en temas ambientales son una piedra angular en la relación entre derechos humanos y el medio ambiente, y apuntalan el derecho a vivir en un ambiente sano. En esta línea, destacó que el Acuerdo Escazú refleja las prioridades y principales preocupaciones de la región para establecer estándares regionales, para reafirmar el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible, para reforzar la generación de capacidades y la cooperación regional, crear una arquitectura institucional de soporte, y mejorar los procesos de toma de decisiones y las políticas. Resaltó que el acuerdo ayuda, asimismo, a revertir la insostenible cultura del privilegio en la región, alcanzando a los más vulnerables, no dejando a nadie atrás. Al incluir provisiones para proteger a los defensores ambientales, Escazú da esperanza y que este tratado resulta ser una herramienta fundamental para alcanzar los ODS.
Samaniego cerró sosteniendo que el medio ambiente solo se puede gestionar con la participación efectiva de todos los interesados y que el crecimiento no puede producirse a expensas del mismo.
Viviana Tinoco Monge de la delegación de Costa Rica en la COP 14 del CBD cerró el bloque de las disertaciones con unas palabras destacando que ha sido muy importante dar una base legal al Principio 10 de la Declaración de Rio. Resaltó que el Acuerdo Escazú tuvo una amplia participación del público en el proceso.
Mencionó el rol de Costa Rica como un laboratorio para la descarbonización, y que el país apunta a convertirse en un país inclusivo que no destruye los recursos naturales.
Sostuvo que ahora es un buen momento para todos los países reconozcan el derecho a vivir en un ambiente sano como un derecho humano y que Costa Rica es un aliado para trabajar con otros en abordar este relevante asunto.
Tras las disertaciones, la audiencia se dividió en pequeños grupos para tener un breve intercambio de dos a tres personas sobre aquello que les había dejado las presentaciones, los principales temas o reflexiones. Se escucharon palabras de admiración para con este logro de la región de América Latina y el Caribe, y personas de otras partes del mundo sostuvieron que quieren promover su propio “Escazu” en sus propias regiones. Se resaltó la importancia de la consagración a nivel constitucional del derecho a vivir en un ambiente sano. Hubo expresiones en el sentido de que los números de los asesinatos de defensores ambientales y de los derechos humanos son muy visibles y evidentes, pero que es necesario abordar los casos de violencia y acoso sobre lo cual no hay números tangibles. Asimismo, se resaltó el hecho que el agronegocio sea una de las principales industrias matando personas que defienden el medio ambiente, y que, con una población en crecimiento, solo tendremos más conflictos en el futuro.
Respecto de los derechos de la naturaleza algunos participantes sostuvieron que éstos podrían suponer una afectación a los derechos humanos: dándole derechos a la naturaleza se limita el derecho de las personas. Otro par de comentarios giraron en torno a las dificultades en el acatamiento de los compromisos asumidos y la implementación de acuerdos. Por ejemplo, se mencionó que en Ecuador hay problemas con las concesiones mineras. El Estado necesita consultar con las personas primero, pero no lo hacen. Mientras que una persona de Costa Rica se mostró preocupada porque hay muchos acuerdos y convenciones, pero es muy difícil implementarlos, sobre todo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sostuvo que todos los enfoques compartidos por los presentadores dan esperanza, de que hay personas y grupos que están trabajando para hacer una diferencia.
El evento cerró con miembros del panel haciendo unas reflexiones finales. Destacamos que se hizo especial énfasis en que no podemos quedarnos callados, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer algo. No podemos esperar a que el gobierno haga algo, nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho de pedir al gobierno que actúe, debemos exigir acceso a la información, participación pública. Y en este sentido, para promover un cambio es importante hacerlo a través de la ley. Por otro lado, y vinculado a ello, que hay aun una fuerte falta de conocimiento de muchas personas sobre los problemas del medio ambiente y ello nos obliga a trabajar en crear conciencia y generar capacidades sobre ellos, así como sobre las herramientas jurídico-institucionales para reclamar efectiva implementación y acatamiento de nuestros derechos plenamente vigentes.
