El documento realizado por FARN analiza los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales vigentes en Argentina, desde una perspectiva institucional, legal, económica, social y ambiental.
Además cuenta con dos actualizaciones realizadas luego de los debates que se dieron durante el presente año: en primer lugar la firma del convenio entre el Estado Argentino y la empresa Repsol que se aprobó en el Congreso, haciendo particular énfasis en los pasivos ambientales que dejó la firma española en los pozos explorados. En segundo lugar, se hace mención a la sanción de la nueva Ley de Hidrocarburos, que estableció un marco legal particularmente atractivo para los proyectos relacionados con hidrocarburos no convencionales, destacándose la falta de regulación ambiental en la materia.
EXTRACTOS DEL DOCUMENTO
Argentina tiene dos áreas que cumplen con condiciones geológicas apropiadas y que además poseen capacidad de transporte por vía de los gaseoductos. La cuenca Neuquina y la de San Jorge (entre Chubut y Santa Cruz), ambas son aptas para la extracción de líquidos y existen proyectos en marcha con apoyo del gobierno provincial y nacional a partir de pozos exploratorios exitosos.
Sin embargo, al momento de analizar la explotación y exploración de hidrocarburos convencionales y no convencionales, es necesario relacionarlos con el nivel de dependencia energética y vulnerabilidad energética y económica del país, incorporando términos de sostenibilidad ambiental, licencia social y seguridad en el suministro, que en la mayoría de los casos no son tenidos en cuenta.
Desde el punto de vista del impacto ambiental de este tipo de explotación, el análisis específico de la relación entre las técnicas de extracción y la contaminación del agua superficial y subterránea demuestra que es necesario el desarrollo de mecanismos preventivos y de control que aseguren que el recurso hídrico en su conjunto no se vea afectado significativamente.
Otro tema relevante es el empleo de grandes volúmenes de agua, la inyección de sustancias químicas en el subsuelo, el manejo de los desechos en la superficie, la posibilidad de accidentes que involucren desastres tecnológicos con liberación masiva de sustancias tóxicas, la contribución de la explotación de hidrocarburos no convencionales a la disminución de la calidad del aire y al cambio climático, y la potencialidad para inducir sismos a partir de las operaciones de fractura hidráulica y la inyección de aguas residuales en el subsuelo.
Por ello, se vislumbra necesario fomentar políticas alternativas de trasladar los subsidios hacia la energización por fuentes renovables y la eficiencia y URE. Cuantitativamente esto solo ha ocurrido de manera significativa con la energía nuclear. Por el contrario, las fuentes renovables están retrasadas respecto de los objetivos fijados por ley (ley 26190) por falta de políticas públicas de financiamiento.
Argentina no ha tomado las debidas previsiones para resolver una crisis energética que lleva más de 25 años. El camino elegido privilegiando la explotación de los combustibles fósiles nos apartaría de un mundo más sostenible, donde la energía debería estar al servicio de la felicidad del hombre, y no generando degradación ambiental.