Organizaciones ambientales, de derechos humanos y del sector académico presentamos ayer el primer informe del Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú, en un evento realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Esta iniciativa tiene como objetivo monitorear el estado de implementación del Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina a través de la Ley 27.566 en 2021— e impulsar su cumplimiento efectivo e integral. Si bien desde fines de 2023 nuestro país cuenta con un Plan Nacional de Implementación, aún no se registran avances concretos en la aplicación de este trascendental tratado regional.

“Este primer informe constituye un punto de partida para el debate de nuevas líneas de acción que insten a las autoridades a cumplir de manera integral y efectiva con el Acuerdo y su plan de implementación. Este tratado regional promueve elevar el nivel de la democracia ambiental y, particularmente en los territorios, garantizar un entorno seguro para que las personas  puedan defender el ambiente”, señaló Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El informe, titulado Coordenadas para una democracia ambiental en Argentina, consta de ocho capítulos enfocados en las afectaciones al principio de no regresión en la Argentina, la calidad de la información pública, el nivel de la participación social en audiencias y consultas públicas, los obstáculos para el acceso a la justicia ambiental y  las amenazas actuales y potenciales para personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También se aborda la necesidad de transversalizar  la perspectiva de género en el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Escazú. 

El Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina está integrado por: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Sustentabilidad Sin Fronteras, Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (CeDAF-UBA), Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Consciente Colectivo, Proyecto Meulen de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Fundación Nueva Generación Argentina, Fundación Plurales y la Universidad de Salta.

El panel del evento estuvo integrado por Ariel Genovese, Betania González y Florencia Gómez, de CEPPAS; Bárbara Juárez y María José Venancio, del CELS; Dabel Franco y Marianela Galanzino, de la UNL; Delfina Vila Moret y Micaela Bonafina, de CeDAF-UBA; Lisandro Vázquez Giménez y Andrés Nápoli, de FARN; María José Lubertino y Paula Mercedes Alvarado Mamani, de ACDH; y Mijael Kaufman Falchuk, de CoCo. Y la moderación estuvo a cargo de Fermín Koop, periodista especializado en ambiente.

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Florencia Gómez, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS):

“El valor de este primer informe es que es colectivo, distintas organizaciones de diferentes lugares y especialidades poniendo sus conocimientos, cada uno escribiendo sobre lo que más sabe hacer. Este libro es un encuentro de saberes. Hoy asistimos todos los días a una nueva destrucción. En este contexto, hablar de construcción es de una valentía enorme”.

Betania González, licenciada en Gestión Ambiental del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS):

“Hoy en día hay una falla institucional en la participación previa, libre e informada. Escazú establece lineamientos para mejorar el acceso a la información por parte de las comunidades indígenas y locales, y para que la participación sea equitativa y no jerarquizada. Pero hay una gran ausencia del Estado en la fiscalización y el control de su cumplimiento”.

Delfina Vila Moret, perteneciente al Centro de Derecho Ambiental (CeDAF-UBA):

“¿Quiénes son los defensores en derechos humanos ambientales? Buscamos traer luz a esta pregunta. Es necesario tener una definición. Tiene impacto pensar en una definición acordada porque ayuda a construir una mejor institucionalización. Esperamos que este informe sea un insumo para todos los que trabajamos en la defensa del ambiente”.

Bárbara Juárez, abogada del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS):

“En Argentina, los defensores de los territorios están expuestos a amenazas, criminalización, persecución, hostigamiento, tanto por actores estatales como no estatales. El Gobierno nacional institucionalizó la represión y la criminalización e impulsó una reforma que benefició a las empresas extractivas. Los aparatos de seguridad están al servicio de los intereses privados. Este posicionamiento político incrementa los riesgos que viven las personas defensoras del ambiente”.

Lisandro Vazquez Gimenez, abogado del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN):

“A nivel nacional, los Trámites a Distancia (TAD) presentan falencias, pero al compararlo con niveles provinciales, es más accesible, no requiere ir de manera presencial, cómo sucede en algunas provincias y municipios. A nivel ambiental, el sistema de información está desactualizado y esto es un obstáculo para el acceso a la información”.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN):

“Este Observatorio es algo inédito para la región. El Acuerdo de Escazú es para la gente, es una herramienta que está para que la utilicemos y la profundicemos”.

Mijael Kaufman Falchuk, Cofundador de Consciente Colectivo (CoCo):

“Estamos en un contexto difícil. Hay que llevar el Acuerdo de Escazú a lugares que todavía desconocen este tratado internacional y hay que hablar de por qué lo ambiental es importante”.

Ariel Genovese, especialista en derecho ambiental del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS):

“Tenemos una tradición de causas ambientales impulsada por particulares y organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio Público Fiscal es quien debería velar por el bienestar general. Tenemos que lograr que la justicia ambiental deje de estar reservada solo a grandes causas, a mega causas. Es momento de pasar a la acción, cuando todo falla lo que queda es la justicia”.

María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH)

“Cuando se piensan los ejes de Escazú, hay que pensar en las diversidades y cómo les afectan los impactos. Es fundamental poder presentar este libro en distintas provincias y hacer un esfuerzo por ver la democracia ambiental en cada una de ellas con sus contextos”.