Desde su puesta en marcha, se aprobaron 7 proyectos, muy por debajo de la “avalancha de capitales” que anunció el gobierno. Para analizar sus impactos desde una perspectiva de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía territorial, un grupo de organizaciones, institutos de investigación y académicos conformamos el Observatorio del RIGI. 

El 23 de agosto de 2024 se aprobó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). A un año de su implementación, los resultados distan de las promesas iniciales: la anunciada “avalancha de capitales” aún no llegó, mientras que el régimen ya consolida beneficios extraordinarios para un puñado de grandes inversores. 

Desde el Observatorio del RIGI, integrado por organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos, monitoreamos los proyectos que ingresan formalmente al régimen, relevando información sobre las empresas involucradas, los montos comprometidos, los sectores económicos, su localización y el empleo proyectado. 

En este sentido, hemos analizado el flujo de inversiones con el objetivo de dimensionar su alcance real y alertamos que, hasta el momento, ha sido acotado en un contexto atravesado por incertidumbres tanto nacionales como internacionales.

Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen.

Además, desde el Observatorio realizamos un mapeo de las resistencias territoriales, mediante el seguimiento de las expresiones locales de oposición, sus discursos, acciones colectivas y demandas. Un tercer eje de nuestro trabajo está centrado en la identificación de los riesgos e impactos socioambientales asociados a los proyectos promovidos por este régimen. Y por último, analizamos el impacto del RIGI sobre la recaudación fiscal, la política tributaria y los flujos de capital.

En la búsqueda para salir de la crisis externa inminente, el gobierno apuesta a inversiones y exportaciones de hidrocarburos, profundizando el mandato exportador. En esto no repara en los potenciales daños ambientales, laborales o sociales que produzca, así como tampoco las concesiones institucionales que deba hacer. 

El RIGI es la expresión más clara de este rumbo. Aprobado bajo la excusa de promover inversiones –como en su momento la ley de inversiones extranjeras o el código minero– consolida un modelo extractivo que no opera en soledad. YPF emerge como su verdadero motor: participa activamente en 3 de los 7 proyectos aprobados, dos de ellos directamente vinculados a Vaca Muerta.

La falta de participación ciudadana, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la criminalización de comunidades locales configuran un escenario especialmente preocupante en proyectos extractivos que se extienden por tres décadas. 

El Observatorio del RIGI está conformado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Transnational Institute (TNI).

El RIGI en números

• Se presentaron 19 solicitudes de adhesión: 7 fueron aprobadas y 1 fue rechazada.
• Los sectores que solicitaron adherirse son: 10 del sector minero (5 de litio, 3 de cobre y 2 de oro), 3 de energías renovables (2 parques eólicos y 1 fotovoltaico), 3 de infraestructura hidrocarburífera, 1 siderúrgico, 1 de biocombustibles y 1 de infraestructura portuaria.
• Los siete proyectos aprobados representan una inversión total de 13.067 millones de dólares. Se distribuyen en hidrocarburos (2), minería (2), energía renovable (2) y siderurgia (1).
• La inversión comprometida por los proyectos presentados ascendería a más de 30.760 millones de dólares.
• Las inversiones de mayor volumen de divisas se concentran en actividades primario-extractivas, en especial en proyectos para expandir las exportaciones de Vaca Muerta y de la minería.
• El sector hidrocarburífero concentra los montos de inversión más elevados en 3 proyectos por 9.790 millones de dólares. 
• El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con un total de 10 propuestas por una inversión estimada de 19.312 millones de dólares. Cinco de los proyectos están vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca. Y otros cuatro en San Juan.
• 15 provincias adhirieron formalmente a la normativa específica del RIGI.