La Ley 27.520 sobre Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, sancionada en noviembre de 2019, establece los presupuestos mínimos para garantizar acciones, instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el territorio nacional. En línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, con los compromisos internacionales sobre cambio climático asumidos por el país y con el conjunto de normas que los ratifican, la ley fue concebida como un marco integral y transversal para ordenar la política climática argentina.

Esta ley representó un avance institucional clave al establecer herramientas normativas, mecanismos de gobernanza y marcos de financiamiento para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, a más de cinco años de su sanción, los progresos han sido limitados y persisten obstáculos importantes para traducir los compromisos en acciones concretas.

Este informe presenta un balance crítico de su implementación y analiza su expresión federal: los planes de respuesta al cambio climático (PRCC) de las provincias. Estos planes, previstos por la ley, constituyen el principal instrumento de acción climática a nivel territorial y su análisis resulta indispensable para comprender la efectividad de la política climática nacional en la práctica.

Estado de situación de las presentaciones de los PRCC

Fuente: GNCC, 2024:44.

Los PRCC de Jujuy, La Pampa y Misiones fueron los primeros en obtener su convalidación nacional. A partir de un análisis comparativo se identifican algunos avances: el compromiso político subnacional, la articulación interinstitucional y la generación de inventarios propios, en algunos casos. Sin embargo, aún persisten desafíos relacionados con capacidades técnicas, integración de la participación en las medidas, articulación entre las áreas de gobierno encargadas de implementar las medidas, financiamiento y adaptación.

En el plano presupuestario, también se evidencian brechas. A partir del análisis del presupuesto nacional, se observa que recién en 2021 se incorporó la actividad “Implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global Ley 27.520”. Desde entonces, en 2023 se ejecutaron $4,7 millones, a valores de 2025, y $300.000 durante 2024. Mientras tanto, en los años restantes su ejecución fue nula a pesar de haber contado con presupuesto.

En el actual contexto de debilitamiento institucional y retrocesos en políticas ambientales, se subraya la necesidad de sostener y profundizar los mecanismos previstos por la ley, garantizando espacios de participación verdaderos, fortaleciendo capacidades locales, articulando esfuerzos entre niveles de gobierno y asegurando financiamiento. El futuro de la política climática nacional dependerá, en gran parte, de cómo se afronten estos desafíos desde una mirada federal, justa y participativa, se incorpore una diversidad de voces, se protejan los ecosistemas y se garantice el pleno respeto de los derechos humanos.