Del 13 al 18 de octubre tuvo lugar en Washington D.C., Estados Unidos, la Reunión Anual del Grupo del Banco Mundial (GBM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto marcado por múltiples crisis: del multilateralismo, de altas cargas de deuda, desigualdad, de biodiversidad y por la emergencia climática. 

Leandro Gomez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de FARN, y Julia Gerlo, integrante del equipo de Investigación, participaron en dos paneles de debate como parte de la sociedad civil global. Los ejes de trabajo fueron: la intersección entre la transición energética y las realidades territoriales; el rol de las instituciones financieras internacionales y los impactos socioambientales asociados a los proyectos de extracción de litio y fósiles en Argentina; y las dinámicas de endeudamiento derivadas del último acuerdo con el FMI. Este proceso, iniciado en 2018 y profundizado en abril de este año con el nuevo Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés), socavan la democracia y las instituciones, profundizan la dependencia del país a los combustibles fósiles y afectan directamente la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de la población, limitando la capacidad del Estado para implementar políticas de adaptación y mitigación en post de garantizar una transición energética justa y sostenible.

Grupo Banco Mundial: sin compromiso para la transición energética justa

Las Reuniones Anuales se desarrollaron en un clima de cautela institucional que dejó en evidencia una falta de ambición por parte del Grupo Banco Mundial, frente a la crisis climática. A lo largo de las intervenciones oficiales, el Banco evitó pronunciamientos o anuncios significativos en materia de transición energética o de acción climática, adoptando en cambio una narrativa centrada en la creación de empleo. El énfasis exclusivo en esta agenda parece buscar cohesión hacia el interior del GBM, mientras que diluye la centralidad que la agenda climática había tomado en el banco durante los últimos años. Este posicionamiento se alinea con los Estados Unidos —su principal accionista—, que en abril de este año sugirió que el GBM y el FMI debían volver a sus misiones originales en lugar de avanzar sobre agendas de cambio climático o género.

En materia energética, el Grupo reafirmó su nuevo enfoque de “todas las energías”, dando por finalizada su prohibición de financiamiento a la energía nuclear, entre otros puntos. Con esto el Banco vuelve a apoyar proyectos de energía nuclear y de grandes represas hidroeléctricas, a la vez que reabre el debate interno sobre el financiamiento a la exploración y extracción de gas natural. Este cambio refuerza un modelo energético extractivista, con graves impactos ambientales y sociales en los países del Sur Global, cuyas comunidades locales y ecosistemas deben asumir los costos de las decisiones tomadas en estos ámbitos.

El Grupo Banco Mundial participa además del Panel de Minerales Críticos para la Transición de Naciones Unidas, que elaboró principios guía para una transición más justa en relación a los minerales. Aunque no se registraron anuncios públicos específicos sobre minerales durante las reuniones, representantes del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) —brazo privado del GBM— participaron del panel “MDBs and Just Transition: Opportunities, Priorities and Principles for a More Just Role in Transition Minerals”, coordinado por FARN. En dicho espacio, sus intervenciones confirmaron la falta de compromisos concretos para avanzar en la implementación de los principios de Naciones Unidas. Sin embargo, el IFC vuelve a financiar un proyecto de litio en Argentina, proyecto Rincón de la empresa Río Tinto -ya había apoyado al proyecto Sal de Vida, de la ex empresa Galaxy- a pesar de los impactos ambientales y de los reiterados reclamos de las comunidades locales en nuestro país.

Fondo Monetario Internacional: crisis de deuda y recorte sobre las agendas de clima y género

Durante las reuniones, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, subrayó el papel del creciente endeudamiento en la actual crisis económica y el riesgo de una recesión financiera. El FMI lanzó su último reporte WEO —sobre las perspectivas económicas mundiales— y alertó sobre el crecimiento alarmante de la deuda pública mundial. En las economías emergentes y en desarrollo, esta deuda  alcanzará el 82 % del PIB en 2030, en comparación con algo menos del 70 % en 2024. Esto claramente obstaculiza las posibilidades de los países del Sur Global a la hora de avanzar en el desarrollo sostenible y la justicia social. El FMI continúa instando a los gobiernos a implementar ajustes fiscales, priorizar el gasto productivo y reformar los sistemas tributarios. En el caso de Argentina, el último acuerdo con el Fondo muestra una evidencia clara: entre 2023 y 2025, el gasto social se redujo un 17% en términos reales, marcando el nivel más bajo desde 2010. A su vez, los programas ambientales se vieron desmantelados: los fondos para la conservación forestal se redujeron en un 80%, se recortaron más de dos tercios de la promoción de las energías renovables y la capacidad de gestión de incendios se redujo en más del 35%.

Además, se anunció la unificación de las unidades de género y cambio climático, tanto en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como en el FMI, marcando una disminución de la atención específica a estas agendas. Al integrar estos temas en políticas macroeconómicas y estructurales más amplias, se corre el riesgo de limitar la capacidad de abordar de manera diferenciada los desafíos que enfrentan las comunidades más vulnerables, especialmente en el Sur Global. Esta decisión evidencia una tendencia preocupante que debilita la equidad y marca un retroceso en la agenda de reforma de la arquitectura financiera internacional.

La reducción de fondos y de trabajo específico en estas áreas compromete la implementación de políticas de género y ambiente. Esta situación impacta de manera desproporcionada a las mujeres y a las poblaciones más vulnerables, exacerbando las consecuencias de las políticas de ajuste fiscal sobre la equidad de género y la justicia social.

¿Mejor participación?

El FMI anunció la revisión de sus Directrices de 2015 sobre la participación del personal con organizaciones de la sociedad civil (OSC) con el objetivo de actualizar estas normas y garantizar que sigan siendo efectivas en el contexto actual. Esta revisión busca fortalecer el intercambio mutuo entre el FMI y las OSC, promoviendo una participación más sistemática y significativa en los procesos de toma de decisiones. Se invita a una amplia gama de actores, incluyendo organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones de mujeres y grupos comunitarios locales, a aportar su perspectiva y experiencia en un proceso de consulta pública que “pretende” hacer más transparente e inclusiva la relación del FMI con la sociedad civil, tras la limitada calidad y la débil vinculación del fondo en los últimos años

Por una reforma de las instituciones financieras internacionales

El panorama es sombrío. Las instituciones de Bretton Woods no solo continúan reacias al cambio, sino que los pequeños avances logrados hasta ahora están en riesgo en un mundo marcado por la polarización y los recortes a las agendas ambientales, de género y sociales. Esta situación evidencia la urgente necesidad de una reforma profunda de las instituciones financieras internacionales, de manera que sus políticas y programas estén realmente alineados con los compromisos globales de derechos humanos, justicia de género y acción climática.