Mientras el gobernador Weretilneck promete empleo e inversión con la posible llegada de dos buques licuefactores, organizaciones y dirigentes opositores advierten sobre riesgos irreversibles para la pesca, el turismo y la biodiversidad de Río Negro.

Por Pedro Lacour

El virtual desembarco de buques de gas natural licuado (GNL) en el Golfo San Matías, promocionado como el pasaporte al desarrollo por el gobierno rionegrino de Alberto Weretilneck, desató un conflicto que atraviesa a comunidades costeras, organizaciones ambientales y sectores políticos. En esa bahía del noreste patagónico, entre la Península Valdés y la costa que une Las Grutas con la localidad de San Antonio, se juega una pulseada que ya no se limita a cifras millonarias: el choque es entre un modelo de desarrollo extractivo y la defensa de un ecosistema considerado único en el Atlántico sur.

La polémica está cruzada por un antecedente central: la Legislatura de Río Negro reformó en 2022, casi a escondidas, la histórica ley 3308 de 1999, en cuyo articulado se prohibía la instalación de terminales hidrocarburíferas en el Golfo de San Matías. Esa norma había nacido de la alerta de la comunidad por un oleoducto que pretendía convertir a San Antonio Oeste en “la nueva Comodoro Rivadavia” y cuya caída consolidó el perfil turístico de la región. Las organizaciones sociales denunciaron que se trató de un trámite exprés, con legisladores votando entre gallos y medianoche y vecinos impedidos de ingresar al recinto.

El valor ecológico del Golfo refuerza esa disputa. Allí conviven ballenas francas, orcas, toninas y hasta lobos marinos de uno y dos pelos. Además, llegan aves migratorias desde el Ártico canadiense e Inglaterra y se desarrollan pesquerías de merluza y langostino, así como del denominado pulpo tehuelche. “Un derrame aquí sería letal para las aves playeras migratorias. Podría arrasar con un ecosistema que sostiene al turismo y la pesca artesanal”, advierte Mirta Carbajal, bióloga y presidenta de la Fundación Inalafquen.