Se realizará la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles del 24 al 29 de abril, en Santa Marta, Colombia. Allí, representantes de 53 países, organizaciones sociales, comunidades, academia y el sector privado abordarán tres ejes principales: la necesidad de superar la dependencia económica de los combustibles fósiles,  transformar su oferta y demanda, e impulsar los avances mediante la cooperación internacional y el multilateralismo.

Más allá de la agenda oficial, del 24 al 26 de abril se llevará a cabo la Cumbre Popular por un Futuro sin Combustibles Fósiles. Se trata de un espacio impulsado por la sociedad civil, con la participación de más de 900 organizaciones, que busca profundizar el consenso del movimiento en torno a una agenda más integral sobre los principios y demandas que requiere una transición socioecológica justa. Estas definiciones se incorporarán directamente al proceso oficial a través de la Asamblea del Pueblo, un espacio formal convocado por el gobierno de Colombia, a celebrar el 27 de abril.

Luego de una COP30 en la cual el lobby fósil impidió que el documento final planteara una hoja de ruta para la salida de los fósiles, esta Conferencia representa una oportunidad para la construcción de un camino para el abandono de los combustibles fósiles que surja de demandas populares, con énfasis en los planteos del Sur Global y en lograr transformaciones sistémicas que persigan la justicia socio-ecológica.

Algo similar ocurrió con el reconocimiento de los riesgos socioambientales asociados a la extracción de minerales para la transición. Si bien fue un tema presente en las discusiones globales de cambio climático, no se llegó a ningún consenso por presión de los países demandantes. En este contexto, la transición energética no puede limitarse a una mera sustitución de fuentes, ni a la reducción de emisiones. Sin transformaciones estructurales, existe el riesgo de reproducir nuevas formas de extractivismo.

Si la transición energética no se planifica con criterios de justicia social y territorial, la transición puede reproducir o incluso profundizar las desigualdades sociales y económicas ya existentes, los impactos ambientales y afectar los modos de vida de las comunidades locales. 

Contexto global

La actual coyuntura energética global está atravesada por crecientes tensiones geopolíticas, conflictos armados y una alta volatilidad en los precios de los combustibles fósiles, lo que evidencia la fragilidad del sistema energético actual y profundiza las desigualdades entre países. En este escenario, la transición energética se vuelve necesaria, pero también emerge como un campo de disputa en relación con su diseño, sus tiempos y la distribución de sus costos y beneficios.

América Latina y el Caribe ocupan un rol estratégico en la transición energética, especialmente en un contexto de creciente demanda de minerales para la transición. Sin embargo, esta creciente demanda representa un riesgo para la región. La expansión de actividades extractivas está asociada a impactos socioambientales significativos, generando una fuerte presión en los territorios y ecosistemas.

En este escenario, el desafío radica en definir bajo qué condiciones se desarrollará esta transición, evitar la profundización y la generación de desigualdades existentes y la reproducción de lógicas extractivistas, avanzando hacia enfoques que incorporen la justicia socioecológica, el respeto por los derechos humanos y la participación efectiva de las comunidades locales y grupos vulnerables.

Situación energética en Argentina

En Argentina, de acuerdo con el último Balance Energético Nacional, la matriz energética está dominada por los combustibles fósiles, representan cerca del 86%, mientras que las energías renovables apenas alcanzan el 13,9%.

Más aún, los incentivos a las energías renovables se han deteriorado en los últimos años. Su presencia en el Presupuesto 2026 es marginal: se eliminó la actividad “Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables” y se desfinanció el “Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina”, que en 2023 ejecutó $3.529 millones (a precios de 2025) y que para 2026 contará con un presupuesto de apenas $260 millones. 

En contraste, los subsidios destinados a las empresas hidrocarburíferas registran un aumento real del 6% respecto de 2025, alcanzando los $651.600 millones asignados a la oferta de hidrocarburos.

A su vez, el Gobierno nacional le otorgó beneficios fiscales a más de 800 empresas mineras que extraen litio, cobre, cobalto y otros minerales considerados claves para la transición energética, pero cuyas reservas son limitadas y su extracción genera fuertes impactos ambientales y conflictos sociales. 

Aportes para una transición energética

Desde FARN identificamos una serie de criterios fundamentales que pueden orientar el desarrollo de una transición verdaderamente sostenible:

• la diversificación de fuentes y tecnologías; 
• la descentralización de la producción, la gestión y la toma de decisiones; 
• la democratización y acceso justo a recursos energéticos; 
• el empoderamiento de comunidades y actores locales; 
• y la adaptación a las particularidades territoriales. 

El Sur global no debe continuar como proveedor de materias primas, incluso en nombre de una transición ‘verde’, a costa de sus territorios y pueblos. La expansión de la minería, tal como hoy se plantea en muchos casos, implica fuertes impactos ambientales, presión sobre bienes comunes como el agua y avasallamiento de derechos de comunidades locales e indígenas.

Una transición energética justa no puede sostenerse sobre otras formas de extractivismo: debe garantizar participación efectiva, respeto por los derechos humanos y una planificación que priorice tanto la protección ambiental como la justicia social.