En el marco del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados, ayer se realizó el evento “¿Qué está pasando con la Ley de Glaciares?”, en la Facultad de Derecho de la UBA. 

La actividad contó con una mesa de especialistas que abordaron distintos ejes para analizar qué está en juego en la discusión sobre la modificación de una norma clave para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial en Argentina, integrada por Agostina Rossi Serra, Licenciada en Ciencias Biológicas e integrante del equipo de campañas de Greenpeace; María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales; Victoria Lichtschein, directora ejecutiva de la Fundación Biodiversidad; y Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Cuando hablamos de la Ley de Glaciares lo que estamos haciendo básicamente es hablar de la protección y la defensa del agua de todos los argentinos. Esos glaciares alimentan 36 cuencas hídricas que recorren gran parte del territorio nacional y llegan a más de 7 millones de personas de manera directa”, señaló Rossi Serra.

En este sentido, agregó que “esta no es una ley que impida el desarrollo minero, sino una norma que protege el agua y que fue pionera en resguardar este bien común. Lo que se busca ahora, con la reforma, es avanzar hacia una protección fragmentada que podría afectar la disponibilidad de agua en el país”.

Por su parte, Mercure explicó que ya existe evidencia científica del retroceso de los glaciares y de los impactos que esto está generando en las economías regionales, particularmente en lo que respecta a la seguridad hídrica. 

A su vez, sostuvo que “la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Argentina, en su artículo 22, menciona explícitamente a los glaciares y al ambiente periglaciar, y establece la necesidad de fortalecer su protección y de estudiar los riesgos que enfrentan estos ecosistemas estratégicos en un contexto de cambio climático”.

A su turno, Lichtschein remarcó que es fundamental acordar entre provincias el manejo de los recursos naturales, ya que éstos no reconocen fronteras, la conservación y el manejo debe ser acordado entre jurisdicciones. Además, recordó que fueron las propias provincias, a través de sus representantes en el Congreso, las que en su momento aprobaron la Ley de Glaciares.

En este contexto, Testa advirtió que “esta reforma implica un recorte del ecosistema a proteger y reemplaza la función del IANIGLA —la principal referencia científica para la política pública— por funcionarios públicos provinciales”. 

Asimismo, agregó: “hay una idea de que las provincias están recuperando la soberanía sobre los recursos naturales, pero en la práctica esto implica una fragmentación territorial de la Argentina en materia ambiental. Esto genera un caos regulatorio: las provincias con menores regulaciones y requisitos atraerán más inversiones, lo que deriva en una carrera hacia la baja en términos de calidad institucional y de regulación ambiental en todo el país”.