Vacíos legales, barreras, cuellos de botella. A 13 años de su sanción, la Ley de Bosques todavía no se cumple como debería. ¿Cuáles son las principales limitantes para su plena vigencia y qué debería incluir una agenda de trabajo para mejorar su implementación?

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN, sostiene: “La Ley 26.331 visibilizó la problemática de la deforestación y difundió la importancia de los bosques nativos, sus beneficios socioambientales. Fortaleció una institucionalidad en materia de gestión, tanto a nivel nacional como de las provincias, que previo a la normativa era prácticamente nula. Pero a casi 13 años de su sanción, la Ley de Bosques dista mucho de cumplir con sus principales objetivos. La norma prevé todas las herramientas para una implementación efectiva y es ese mismo el camino para que Argentina finalmente pueda avanzar hacia una necesaria armonización entre las políticas de protección ambiental y las de desarrollo. Para que esto suceda, el involucramiento de la ciudadanía es esencial”.  

Prensentamos el informe elaborado por FARN y la Fundación Vida Silvestre Argentina: “Diagnóstico actualizado del estado de implementación – Ley N° 26.331”, una revisión histórica desde la sanción de la Ley de
Bosques Nativos.

Entre los principales hallazgos del informe se destacan los siguientes:

• La desfinanciación sistemática de la Ley: desde su sanción no ha habido un período en que el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que la norma establece expresamente; por el contrario, recibió mucho menos del 10% de lo que corresponde.
• Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como en su actualización; procesos lentos, con deficiencias que incluyen el incumplimiento de plazos predeterminados por la Ley y fallas en la participación ciudadana requerida.
• Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: no se han acordado ni adoptado oficialmente metas cuantitativas para los objetivos de protección de los bosques nativos, indicadores de desempeño de los instrumentos de gestión, una metodología oficial y única de valorización de los servicios ambientales y sociales que brindan los bosques nativos ni una evaluación de los impactos sociales y ambientales.
• La deforestación ilegal persiste: si bien con la Ley de Bosques Nativos se ha dado una baja progresiva en la tasa anual de deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la deforestación fue en zonas rojas o amarillas. Esto es evidencia de que parte de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales, consecuencia de niveles de control y fiscalización bajos y de sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes.
• Pocos Planes de Manejo, Conservación y Formulación: aún es muy baja la superficie de bosques nativos comprendida y existe gran dificultad de acceso a dichos planes por parte de los sectores más relegados y vulnerables, como son pueblos originarios y campesinos que viven y dependen del bosque.
• Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras, desde su creación y puesta en marcha el procedimiento se ajustó en varias oportunidades, a fin de hacerlo más eficiente.