A continuación copiamos la gacetilla de prensa enviada por la Defensoría del Pueblo de la Nación con motivo de cumplirse 3 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que determinó la responsabilidad del Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios por la contaminación de la Cuenca.

A tres años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por la recomposición ambiental, la mejora en la calidad de vida y la prevención de daños en la Cuenca Matanza Riachuelo, el Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación destacó “destacamos que se han puesto en marcha acciones necesarias, aunque es preciso profundizar la implementación de los instrumentos de gestión ambiental consagrados por la Ley General del Ambiente, garantizar el estricto respeto de los derechos humanos de la población involucrada y convocar a la ciudadanía a participar, a efectos de lograr el fiel cumplimiento de los objetivos establecidos en la sentencia”.

“Este 3er. aniversario nos encuentra ante un escenario que abre una racional esperanza, donde el compromiso de numerosos actores permitió comenzar a romper la inercia de deterioro a la que se encontraba adherido el destino de la cuenca y poner en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar su situación”, señaló el Adjunto I a cargo de la Defensoría Nacional, Anselmo Sella.

“El impulso imprescindible del Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, así como el fortalecimiento institucional de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) –donde están  representados el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, y la activa participación de la ciudadanía y del Cuerpo Colegiado, permitirán profundizar las acciones en marcha y avanzar en las transformaciones necesarias en la cuenca”, destacó.

También indicó que para ello, es fundamental implementar plenamente  los instrumentos de política y gestión ambiental previstos en la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y atender las tareas pendientes que aún persisten, aunando esfuerzos en una estrategia integral que permita:

1) identificar y asistir a aquellas personas cuya salud está afectada por el deterioro ambiental, eliminando los factores de riesgos ambientales determinantes de las enfermedades;

2) establecer una clara política con objetivos y metas para la eliminación total de la contaminación de origen industrial;

3) avanzar en el cierre y saneamiento de todos los basurales existentes y poner en marcha una gestión integral de los residuos domiciliarios;

4) implementar hasta su efectiva puesta en servicio las obras de infraestructura necesarias para asegurar la universalidad de los servicios de acceso al agua potable, de saneamiento cloacal y el tratamiento  adecuado de los efluentes cloacales;

5) diseñar soluciones sustentables a la problemática de la vivienda, garantizando la información y participación de los ciudadanos que requieran ser relocalizados;

6) continuar con las acciones de ordenamiento ambiental del territorio de la cuenca, previendo un desarrollo sustentable y la preservación y recuperación de los espacios verdes estratégicos existentes;

7) asegurar el acceso a la información pública ambiental, incluyendo un sistema de indicadores que facilite el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del fallo;

8)reducir el riesgo ambiental del polo petroquímico de Dock Sud a niveles compatibles con los objetivos de recomposición y prevención fijados por  la sentencia.

Finalizó apuntando que “los desafíos a afrontar requieren del aporte de todos los sectores involucrados, construyendo los consensos necesarios para avanzar hacia el logro de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, y articulando las acciones necesarias en el plano político, económico, social e institucional que garanticen la efectiva vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos de la cuenca en un proceso de recomposición ambiental, mejora en la calidad de vida y prevención de daños”.

Cabe recordar que el Cuerpo Colegiado está coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación e integrado por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación Greenpeace Argentina.