El viernes 21 de abril concluyó en Buenos Aires la 2da Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es fomentar la participación ciudadana en decisiones ambientales, asegurar el acceso a información y justicia en asuntos ambientales y proteger a los defensores de derechos humanos.

Según Leandro Gómez, coordinador del programa inversiones y derechos del Área de Política Ambiental de FARN, la conferencia tuvo resultados positivos, como la creación del Comité de Apoyo y Cumplimiento para garantizar la plena implementación en los países miembros de los derechos establecidos en el Acuerdo. Además, se establecieron los pasos a seguir para la elaboración de un plan de trabajo que establezca los estándares para la protección de defensores del ambiente.

Gómez indicó que es crucial seguir sumando países y fortaleciendo el acuerdo a nivel regional, así como avanzar en su implementación efectiva tanto a nivel regional como nacional. Sin embargo, “también es importante tener en cuenta que no es suficiente que los estados sean parte y hayan ratificado el acuerdo, sino que también deben avanzar en su implementación concreta en sus respectivos territorios”, agregó. 

Por ejemplo, en Argentina, el Estado continúa fomentando actividades enfocadas en la explotación de recursos naturales y obstaculizando el acceso a información y justicia ambiental, lo que vulnera los derechos de las comunidades locales. Gómez enfatizó que estos problemas deben ser abordados de manera urgente y efectiva.