En un contexto internacional en el cual se debaten los subsidios a los combustibles fósiles y se propone eliminarlos como una medida para evitar llegar a un incremento de la temperatura global de 2ºC, es imperativo que los países revisen sus esquemas de promoción a las actividades extractivas vinculadas a los hidrocarburos. Al respecto, miembros del G20 deben asumir la responsabilidad de contar entre sus miembros a los mayores emisores de gases de efecto invernadero y los mayores subsidios modificando sus políticas financieras destinadas a los combustibles fósiles.
Argentina, asumiendo la presidencia del G20 este año y con su postulación para el ingreso a la OCDE, debe comprometerse en esta materia. El gobierno ya ha establecido medidas para fomentar la generación de energía renovable y reducir la balanza de pagos deficitaria en el sector energético, de la mano de los cuantiosos subsidios al consumo y la producción.
Las medidas instrumentadas en el último plazo tendientes a la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles se evidencian en los fondos ejecutados para 2017 y los montos presupuestados para 2018.
Si bien la premisa es destinar menores fondos a los subsidios fósiles, el recorte comenzó por parte de los consumidores manteniendo el financiamiento a empresas petroleras y gasíferas, financiamiento con un gran costo fiscal dado la cancelación de deuda que actualmente realiza el Tesoro Nacional de fondos que debieron haber sido erogados con el esquema de incentivos aplicado años anteriores.
El presente trabajo apunta a analizar cuánto dinero público se destina a la cadena de valor de los combustibles fósiles a través de subsidios, teniendo en cuenta: cómo se compone la cadena de valor de los combustibles fósiles y los actores más beneficiados; los programas o normativas que existen para incentivar la producción de hidrocarburos, y cómo se categorizan esos subsidios.
Para 2017, los subsidios implicaron un 5,6% del presupuesto nacional y un 3,1% para el 2018, con montos de US$ 9.487 millones a US$ 6.901 millones respectivamente. Estos montos representaron el 1,74% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2017 y el 1,26% para el 2018 con un descenso interanual del 27%.
Si se analizan las partidas presupuestarias del sector energético en el marco del presupuesto nacional para 2017, el 90% de las partidas identificadas al sector corresponden a subsidios para la generación de energía a través de carbón, petróleo, gas, grandes hidroeléctricas y nucleares. El 77% de las partidas contrarias se corresponden a subsidios para la generación y el consumo de energía producida a través de petróleo y gas.
Entre los montos erogados en 2017, US$ 1.200 millones se destinaron a empresas vinculadas a los combustibles fósiles, siendo las principales beneficiarias de los subsidios del sector. Este valor implicaría presupuesto suficiente para construir 300 escuelas, cubrir el salario a 100.000 docentes por un año o la construcción de 9 hospitales.