Se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley General del Ambiente y el análisis de los avances para lograr una efectiva protección del derecho al ambiente sano, reconocido en nuestra Constitución Nacional en la última reforma de 1994, no es una tarea unívoca.
Más allá de la sanción de numerosas leyes de protección ambiental a partir de la incorporación del artículo 41 en el texto constitucional, y de progresos específicos en distintos aspectos de la política ambiental, el grado de implementación continúa siendo en términos generales bajo.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) consideramos que una de las estrategias clave para poder determinar si el grado de implementación de la normativa ambiental mejora en el tiempo es contar con un sistema adecuado de medición. Por eso hace ya dos años sentamos las bases de un sistema de indicadores que, a través del uso de pedidos de acceso a la información pública ambiental, busca determinar: 1) el grado de cumplimiento de la legislación en materia de acceso a la información pública ambiental y 2) el nivel de observancia de otras normas u obligaciones ambientales.

A la vez, este sistema colecta información año a año para nutrirse y poder determinar con el paso del tiempo, si el cumplimiento estatal mejora, empeora o permanece igual.

Con una línea de base que generamos hace un año, pudimos verificar que el cumplimiento respecto del período anterior no es uniforme, habida cuenta que mientras mejora en algunos aspectos, empeora en otros. Por otra parte, no podemos determinar todavía si las modificaciones que se evidenciaron son parte de tendencias más amplias o comportamientos aislados.

En términos más generales, este mecanismo busca generar herramientas para el control y transparencia de la gestión estatal ambiental, al tiempo que intenta cooperar en la construcción de una ciudadanía activa e interesada en la participación del diseño de un modelo de desarrollo sustentable que incorpore distintos sectores, culturas y disciplinas.