En pleno auge neoliberal, la minería recibió un importante impulso que explica en gran parte los cambios en la actividad y la creciente oposición que la misma genera en los territorios en la actualidad. A fin de atraer inversiones al sector se reformó el marco legal que ofrece un paquete de beneficios a los interesados en invertir en la actividad. Mediante la sanción de la Ley de Inversiones Mineras 24.196, dictada en 1993, se ofreció un conjunto de atractivos para los inversionistas que incluye la estabilidad fiscal por el término de 30 años (FARN, 2012).
A partir de la vigencia de este marco legal, y a medida que se fue consolidando el régimen de incentivos, se incrementaron la cantidad de proyectos, producción y explotación, sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales.
Argentina cuenta con diversos proyectos de minería metalífera, entre ellos Bajo la Alumbrera (el cual se analizará en profundidad en este trabajo) y Agua Rica en la provincia de Catamarca, Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz, Veladero y Pascua Lama, ambos en la provincia de San Juan.
El crecimiento exponencial de proyectos mineros de este tipo genera oposición y conflictividad socio-ambiental en el territorio. Según la base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Argentina se halla entre los países con más conflictos activos siguiendo a Perú, Chile y México, en cuyas economías la participación de la actividad minera es más significativa (Marchegiani, 2014).
Si bien se asume que la minería reactiva la producción local, en lo referente a materiales de construcción, al transporte, a la provisión de insumos para el personal; se observa que en muchos casos la reactivación no es tal. La realidad muestra que muchos de estos servicios son provistos por las propias mineras, y que muchas de las necesidades de los trabajadores (como indumentaria) son adquiridas en las grandes ciudades y no precisamente en los poblados vecinos (Cassano, 2012). Asimismo, la maquinaria empleada en la explotación y las partes que involucran mayor tecnología de la cadena productiva no se desarrollan en el país, por lo tanto, no hay impacto de la minería sobre la metalurgia local, ni en el escenario público, ya que tampoco pagan tributos a la importación. Finalmente, terminada la explotación, si no hay controles, se levanta el campamento y quedan pueblos mineros fantasmas (Cassano, 2012).
Esta situación pone de manifiesto las diversas contradicciones que anidan en el modelo de desarrollo que rige las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, donde el marco normativo vigente no fomenta la plena incorporación de las externalidades y riesgos sociales y ambientales por parte de las empresas mineras, ni genera obligaciones firmes de utilizar las mejores tecnologías disponibles para evitarlos o, por lo menos, mitigar sus impactos actuales y futuros (FARN, 2017).
En este contexto, resulta clave entonces preguntarse ¿cuál es el verdadero impacto económico, social y ambiental de la minera “Bajo la Alumbrera” a nivel local? ¿Mejora realmente las condiciones del desarrollo local? Para responder a estas preguntas, FARN realizó el siguiente documento que incluye una descripción de la realidad de los municipios catamarqueños comprometidos en el proyecto mediante la comparación de la situación previa al desarrollo de la Minera Alumbrera y su situación posterior, en tres dimensiones principales para el desarrollo sustentable: crecimiento económico, inclusión social e impacto ambiental.