La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre, para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF).
La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región, para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales.
Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH.
Santiago Cané, coordinador de Asuntos Legales de FARN, manifestó: «En Argentina se viene utilizando esta técnica, desinformando a la comunidad, falseando el impacto que tiene para el ambiente, destruyendo territorios de comunidades originarias y arruinando la economía regional de las zonas en las que se realiza, como las plantaciones de manzana y pera en Allen, Río Negro. Nos lo venden como la salvación energética y económica del país, cuando implica el sacrificio de grandes extensiones de territorio, la contaminación de enormes cantidades de agua y genera grandes emisiones de GEI. Además, no es viable económicamente; el país e YPF terminarán endeudados por años».
Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.”