Ginebra. La delegación del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente –que agrupa a 21 organizaciones sociales de Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina- presentaron ayer en la sesión paralela ante la ONU rumbo al EPU China el informe alternativo que demuestra violaciones a los derechos humanos y ambientales por parte de empresas chinas en Latinoamérica. El informe presenta un análisis de casos por país, donde se ilustran los tipos de vulneraciones en 18 proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos: 15 se encuentran en territorio indígena, 11 en áreas naturales protegidas y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.
En la actividad, ocho representantes de los cinco países impactados por los proyectos de inversiones chinas informaron al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones de leyes y convenios de derechos humanos en los que vienen incurriendo los consorcios y bancos chinos. Por ello, señala Julia Cuadros, miembro ejecutivo de la ONG peruana CooperAcción: “En nuestro informe recomendamos que China debe ratificar el Convenio 169 de la OIT, y nos complace que el Consejo haya recogido en su resumen las comunicaciones de las partes interesadas”.
En la sesión paralela, Sofía Jarrín, CDES-Ecuador, enfatizó en las recomendaciones del colectivo. Sostuvo que la República Popular China debe respetar, proteger y cumplir con los DDHH de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de sus empresas. “La forma de hacerlo es incorporando los principios, convenios y tratados de DDHH en los acuerdos bilaterales y en los contratos de los proyectos”, afirmó.
Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), miembro del colectivo, señaló que hay un patrón recurrente de comportamiento de las empresas e inversionistas chinos, marcado por la violación de derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente y que, dada la escala del financiamiento, China se ha tornado un actor crítico, a nivel global, para la vigencia de los derechos humanos.
La delegación que se encuentra en Ginebra ha sostenido diversas reuniones con los altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos – OHCHR y las 27 Misiones Permanentes de la Unión Europea, y con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay y Nueva Zelanda.
La Oficina del Alto Comisionado reconoció el trabajo del CICDHA y de las 21 organizaciones suscriptoras de los 8 informes sombra y la importancia de un proceso que articule a los afectados en el territorio, las organizaciones nacionales e internacionales que monitorean los impactos de las empresas chinas en la región. Sebastien Guilioz, responsable de China de la Oficina del Alto Comisionado, destacó que la información proporcionada contribuye sustantivamente al aterrizaje de las estrategias diseñadas para que Consejo de Derechos Humanos apoye al Estado chino y la implementación de una agenda de derechos humanos.
En la reunión, también participó la responsable de las Américas de los cinco países afectados, la responsable de Pueblos indígenas y grupos étnicos, la responsable de empresas y derechos humanos, y la responsable de defensores.
Una delegación del CICDHA también participó en la sesión consultiva entre la sociedad civil y las 27 Misiones Permanentes de la Unión Europea. En el encuentro con delegaciones de todo el mundo se presentó la iniciativa regional, los resultados del proceso y las recomendaciones para el Estado chino.