Mientras que algunos países de la región, como Chile y Colombia, avanzan a paso lento pero firme en el fortalecimiento de su democracia ambiental, Argentina atraviesa retrocesos normativos significativos en materia de participación. En este escenario, la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4 de Escazú), que se desarrolla del 21 al 24 de abril en Nassau, Bahamas, ofrece una oportunidad estratégica.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en el mundo diseñado específicamente para salvaguardar los derechos de las personas defensoras del ambiente. A pesar de este hito, el balance regional subraya la urgencia de pasar de las declaraciones a la acción efectiva.
En la COP4, los 19 Estados Parte darán seguimiento a los objetivos planteados en la última conferencia (2024) y expondrán los avances —o la falta de ellos— en la implementación del tratado al interior de sus fronteras.
Ejes centrales de la agenda de la COP4 de Escazú
Algunos de los temas centrales que se abordarán durante el evento en Nassau incluyen:
- El balance del plan de acción regional sobre defensoras y defensores ambientales;
- El registro de emisiones y transferencias de contaminantes;
- La participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos y actividades que puedan tener impacto ambiental significativo;
- El acceso a la justicia en asuntos ambientales y la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del acuerdo.
Más allá de los puntos en agenda, la conferencia está atravesada por una pregunta fundamental: ¿cuánto de lo acordado se ha llevado realmente a la práctica en los territorios?
El caso argentino: una implementación paralizada
En Argentina, el panorama resulta preocupante. Si bien el país cuenta con un Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, aprobado a fines de 2023, los avances concretos son nulos. De hecho, desde la COP3, los cambios normativos han ido en detrimento de los compromisos asumidos.
Para empezar, el Decreto 780/2024, publicado en septiembre de 2024, restringe el acceso a la información pública, ampliando las facultades discrecionales de los funcionarios para decidir qué información brindar y estableciendo sanciones para quienes la solicitan reiteradamente.
A su vez, la participación restringida en la audiencia pública en torno a la modificación de la Ley de Glaciares puso de manifiesto la grave afectación de la participación pública: de 100.000 personas inscriptas, menos de 200 pudieron hacer oír su voz.