En el marco del inminente tratamiento en la Cámara de Diputados de una reforma a la Ley de Glaciares, distintas organizaciones exigieron a legisladores y legisladoras que informen públicamente si tienen vínculos con proyectos, empresas o consultoras dentro del sector minero y que se aparten del debate en caso de encontrarse en situación de conflicto de intereses.
La advertencia no es menor. La modificación en discusión apunta a debilitar los niveles de protección sobre glaciares y zonas periglaciares, áreas clave para la disponibilidad de agua en la Argentina. En este contexto, la participación de diputados con intereses económicos en la actividad minera compromete la legitimidad del proceso legislativo y pone en riesgo el interés público.
La Carta enviada a la Cámara de Diputados existen legisladores que mantienen relaciones directas o indirectas con empresas del sector minero —ya sea como accionistas, proveedores, tenedores de activos o mediante vínculos familiares—, lo que los ubica en una situación incompatible con su rol institucional .
La normativa vigente es clara. La Ley de Ética Pública obliga a quienes ejercen funciones públicas a priorizar el interés general por sobre cualquier beneficio particular, y establece la obligación de abstenerse de intervenir en decisiones donde existan intereses propios. En la misma línea, estándares internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las directrices de la OCDE establecen que estos conflictos deben prevenirse, declararse y gestionarse antes de cualquier toma de decisión .
El problema no es abstracto. Actualmente, múltiples proyectos mineros se encuentran limitados por la Ley de Glaciares. Reducir los estándares de protección en estas zonas implicaría beneficios directos para ese sector económico. Por eso, permitir que legisladores con intereses en la actividad participen del debate implica habilitar decisiones atravesadas por beneficios privados.
Desde las organizaciones también recordaron la reciente denuncia penal contra la senadora Flavia Royón por negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de su accionar en favor del proyecto en el Senado. “La repetición de situaciones de este tipo deben evitarse por todos los medios en el futuro”, señala la carta .
En este escenario, el pedido es concreto: que los diputados y diputadas en situación de conflicto declaren públicamente sus intereses y se autoexcluyan del tratamiento del proyecto, tanto en comisiones como en el recinto. A su vez, se solicita al conjunto del cuerpo legislativo que establezca mecanismos institucionales para identificar y visibilizar estos conflictos, garantizando que las decisiones se tomen en defensa del interés público.
La discusión sobre la Ley de Glaciares no es solo técnica ni sectorial. Define el futuro del agua en la Argentina. Y también pone a prueba si el Congreso puede actuar sin condicionamientos de intereses privados en una de las decisiones más sensibles para los territorios.