El pasado viernes 13 de diciembre finalizó la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) en Riad, Arabia Saudita. Pese a que se esperaba alcanzar un acuerdo en materia de sequías -un fenómeno climático del que ningún país escapa- con un nuevo instrumento global para abordarlas de manera proactiva, los Estados Parte no pudieron acordar si esa herramienta debía ser legalmente vinculante o no. La decisión quedó postergada para la COP17.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que, si bien no se logró avanzar en un paquete de políticas contra la sequía, los Estados Partes se comprometieron a tomar una decisión al respecto dentro de los próximos dos años y acordaron tres avances clave. 

En primer lugar, Di Pangracio destacó la creación de un Caucus para Pueblos Indígenas y otro para Comunidades Locales. Esto eleva sus voces en los procesos de toma de decisión en este foro multilateral sobre la tierra. En segundo lugar, la renovación del mandato de la Interfaz Ciencia-Política, un mecanismo central para seguir promoviendo una toma de decisiones informada por los Estados Parte, basada en hallazgos científicos y sus aplicaciones prácticas. 

Finalmente, camino a la COP17, “se decidió dar prioridad a las políticas e inversiones para la gestión sostenible de los pastizales, debido a su importancia para enfrentar los principales retos relacionados con la inseguridad alimentaria, la desertificación, la degradación de las tierras, la sequía, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”, indicó la directora de FARN.

La próxima COP de Desertificación será en Mongolia en 2026, donde la sociedad civil tiene la expectativa de tener un mayor involucramiento en la COP ya que el futuro país anfitrión destacó que llevará adelante esta cumbre promoviendo la participación de ONGs, pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes.

Movilización de recursos y financiamiento

Según el último informe de CNULD se necesitan al menos 2,6 billones de dólares hasta 2030 para restaurar más de 1.000 millones de hectáreas de tierras degradadas y crear resiliencia a la sequía. Esto equivale a 1.000 millones de dólares en inversiones diarias para cumplir los objetivos mundiales, en un contexto donde el 40% de las tierras del planeta están degradadas, lo que afecta a la mitad de la población mundial y genera graves consecuencias para el clima, la biodiversidad y los medios de vida.

Durante la COP16 se anunció la creación de la Alianza Mundial de Riad para la Resiliencia ante la Sequía, con el objetivo de movilizar más de 12.150 millones de dólares para ayudar a 80 de los países más vulnerables del mundo a desarrollar su resiliencia frente a la degradación de tierras y la sequía. Además, el Grupo Árabe de Coordinación prometió movilizar 10.000 millones de dólares de aquí a 2030. 

Por su parte, la Gran Muralla Verde, una iniciativa liderada por África para restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, también movilizó 11 millones de euros del Gobierno italiano para la restauración del paisaje en el Sahel, una zona eco climática y biogeográfica del norte africano, y 3,6 millones de euros del Gobierno austríaco para fortalecer la coordinación y la implementación de la iniciativa en 22 países africanos. 

Fomentar la agroecología

Glenda Inés Mangia, coordinadora del área de alimentación y agroecología para el programa Humedales Sin Fronteras (HSF) en la Fundación Cauce, contó que durante la COP16 se hizo hincapié en la necesidad de políticas y financiamiento que apoyen programas e iniciativas que fortalezcan el trabajo de las y los productores agroecológicos, el campesinado y los pueblos indígenas. 

Además, “se planteó la problemática de las desigualdades de género existentes en relación a la tenencia de la tierra; son las mujeres quienes producen el 80% de los alimentos y solo acceden solo al 13% de las tierras cultivables”, indicó Mangia.

Mangia explicó que es imprescindible fortalecer y fomentar la agroecología en regiones con altas tasas de desertificación porque contempla tanto las causas como las consecuencias de este problema ambiental, ofreciendo soluciones que equilibran la salud del suelo, la biodiversidad y las necesidades humanas. 

“El manejo agroecológico del suelo contribuye a su restauración debido a que la la rotación de cultivos y el uso de biopreparados mejoran la estructura y fertilidad del suelo, al mismo tiempo que reduce la utilización de pesticidas químicos y fertilizantes que intensifican la desertificación del mismo”, advirtió Mangia. Asimismo, sostuvo que «las prácticas agroecológicas crean paisajes diversificados que favorecen la regeneración de flora y fauna nativa, esenciales para combatir la desertificación y mantener la estabilidad y la resiliencia de los ecosistemas”.

Hacia la igualdad de género

Los Estados Parte en la COP16 le solicitaron a la Secretaría de la CNULD a que siga promoviendo la paridad de género total y efectiva en toda la Convención y que aporte datos en cada período de sesiones de la COP para promover la presencia de al menos un 40% de mujeres en cada órgano constitutivo y en el total de las delegaciones oficiales en cada reunión de la COP y los Comités de Aplicación y de Ciencia y Tecnología de la Convención.

A su vez, los Estados invitaron a las Partes a subsanar la carencia de datos sobre género mediante la recopilación de datos desglosados por sexo sobre los ingresos, los niveles de pobreza, la propiedad de la tierra, la migración, la escolarización, la prevalencia de enfermedades y otros tipos de datos pertinentes, los cuales puedan servir de base para futuros indicadores que reflejen las diferencias reales en la forma en que hombres y mujeres se ven afectados por la sequía y la degradación de las tierras.

En este sentido, Di Pangracio enfatizó: “los compromisos en materia de uso sostenible y restauración de la tierra sólo son posibles con el pleno involucramiento de quienes más dependen de ella y la defienden cada día. Los gobiernos deben eliminar las barreras legales que muchas mujeres tienen para el acceso y tenencia segura a la tierra e incluirlas en su gestión, conservación y restauración”. 

La situación en Argentina

“Argentina no escapa a la crisis global de desertificación, degradación de la tierra y sequía”, sostuvo Di Pangracio. El 70% de Argentina son tierras secas y el 81,5% de ellas presenta algún proceso de degradación, según datos de la autoridad ambiental nacional. Además, Di Pangracio explicó que “las tierras áridas son más vulnerables a las actividades humanas. En Argentina todas las zonas secas están siendo sobreexplotadas”.

“Lo que se resuelve en estos espacios internacionales genera obligaciones para nuestro país así como oportunidades de financiamiento para llevar adelante acciones que reviertan la crisis de desertificación y degradación de la tierra y avance la restauración de ecosistemas. Es importante que los Estados continúen sus diálogos propositivos, participativos e inclusivos, que aborden sin pausa pero con prisa una gestión responsable de la tierra para bien del ambiente y las personas” concluyó Di Pangracio.