Argentina será la sede de la 2da Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, del 19 al 21 de abril. Este acuerdo, firmado en 2018 por 15 países de América Latina y el Caribe, busca promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, garantizar el acceso a la información y la justicia en temas ambientales y proteger a los defensores de los derechos humanos.

La COP2 de Escazú será una oportunidad para que los países avancen en la implementación de los compromisos asumidos en el Acuerdo, y fortalecer la cooperación regional en materia ambiental. Este año se espera que se elijan los integrantes del Comité de cumplimiento del Acuerdo de Escazú, un órgano subsidiario que contribuirá a garantizar que los países cumplan con la plena implementación de los derechos que plantea el Acuerdo.

Además, se trabajará en una hoja de ruta para que los países miembros puedan establecer herramientas y mecanismos de protección de los derechos de los defensores del ambiente, que actualmente no están garantizados. 

En este contexto, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó que en Argentina no se cumplen los derechos de acceso a la información pública que plantea el Acuerdo, lo que se evidencia en las audiencias públicas, dónde hay deficiencias para poder participar y en donde no todas las voces son escuchadas.

Nápoli señala que las audiencias públicas tienen que ser un vehículo para mejorar las decisiones, lo cual no ocurre en la actualidad. En este sentido, el Acuerdo de Escazú puede hacer una importante contribución para garantizar los derechos a la participación ciudadana.

La COP2 de Escazú representa una oportunidad para promover un cambio de paradigma en la forma en que se entiende el desarrollo y la protección ambiental en la región, y esto implica un desafío importante para los gobiernos y la sociedad civil.

“Hay más de 80 organismos que tienen competencias ambientales y que dependen del Estado Nacional, Argentina se debe un proceso de implementación para cambiar viejas prácticas y mecanismos que no cumplen con lo que plantea el Acuerdo. El camino a recorrer es largo, pero esperamos que este proceso este rápidamente puesto sobre la mesa”, remarcó Nápoli.