El máximo tribunal se declaró competente para intervenir en la disputa entre comunidades originarias, ambientalistas y gobiernos por la explotación minera, tras denuncias de posible daño hídrico y falta de evaluaciones ambientales adecuadas.

Por Silvana Boschi

El avance de la minería en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc, que se extiende a lo largo de 17.602 km² en las provincias de Salta y Jujuy, motivó la intervención de la Corte Suprema de Justicia en un litigio que enfrenta a comunidades originarias, organizaciones ambientales y los gobiernos provinciales y nacional. La decisión del máximo tribunal, adoptada con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, implica que la Corte asume la competencia originaria en una causa que cuestiona la explotación de litio y borato en esa región.

El conflicto se originó a partir de una demanda presentada por la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, junto a otras comunidades de la zona y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En su presentación, los demandantes señalaron que la extracción de litio y borato podría provocar un daño irreversible en el sistema hídrico de la cuenca, lo que afectaría directamente las actividades ganaderas y agrícolas de los habitantes, quienes han dependido históricamente de las salinas para su sustento. Por este motivo, solicitaron que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental acumulativa para cada solicitud de exploración minera y exigieron la suspensión inmediata de todas las autorizaciones vigentes, así como la prohibición de otorgar nuevos permisos.

La causa fue dirigida contra las provincias de Jujuy y Salta, además del Estado Nacional. Los demandantes argumentaron que la afectación del recurso hídrico repercute negativamente en la vida y el trabajo de gran parte de los miembros de la comunidad, quienes han trabajado en las salinas durante generaciones.