La Ley de Glaciares es uno de los pilares del régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental. El proyecto de reforma de la normativa que impulsa el Gobierno es regresivo e inconstitucional, y terminará por erosionar las bases mismas de la seguridad jurídica que pretende promover.
Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce que alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales, garantizando el acceso a este recurso a más de siete millones de habitantes —cerca del 18% de la población del país—. Además, los glaciares brindan regulación hídrica, mitigación del cambio climático, sostén de biodiversidad especializada y valor científico y cultural.
Todos los cuerpos de hielo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares son, por definición, reservas estratégicas de agua. El Poder Ejecutivo pretende modificar este criterio basándose exclusivamente en razones económicas. Los criterios de protección dejarían de surgir de una norma general basada en evidencia científica para depender de decisiones administrativas sujetas a intereses de mérito y conveniencia política.