En septiembre de 2015 se produjo un derrame de solución cianurada en los ríos Potrerillos y Las Taguas, dos afluentes del Río Jáchal en la provincia de San Juan, que desde entonces mantuvo a la comunidad en vilo. Este gravísimo episodio da cuenta de una serie de problemas respecto al modelo minero vigente, que se vinculan principalmente con el derecho al ambiente sano y a la salud, pero también los excede. Se encuentran involucrados aspectos de transparencia, información y gestión pública, por un lado; y el funcionamiento del sistema de presupuestos mínimos, por el otro.

Este sistema fue el previsto en la Constitución Nacional para la protección ambiental en un Estado Federal. En este capítulo Diego Seguí, abogado demandante y denunciante en la causa contra la mina Veladero, explica los distintos problemas de cumplimiento de normativa ambiental nacional (Ley General del Ambiente y Ley Nacional de Glaciares) del emprendimiento que provocó el derrame.

Por su parte, Saúl Zeballos, miembro de la Asamblea “Jáchal no se toca”, brinda el testimonio en primera persona de los distintos momentos y obstáculos que fueron encontrando los ciudadanos de Jáchal para obtener información veraz y confiable respecto del incidente, así como los problemas que enfrentaron para obtener una solución de parte de las autoridades responsables.

Por último, Pía Marchegiani presenta brevemente la situación de Jujuy, provincia en la que comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatoyoc han llevado al ámbito judicial su demanda por la vigencia de derechos indígenas y ambientales. En dicha causa, en la que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales se presentó como Amigo del Tribunal, se busca la suspensión de los proyectos de exploración minera en la Serranía del Aguilar hasta tanto se regule la provisión y abastecimiento del uso de agua y se finalice el Inventario Nacional de Glaciares.