Las organizaciones de América Latina abajo firmantes observamos con preocupación el contexto geopolítico que continúa situando a la región en el centro de las disputas extractivas globales, poniendo en riesgo su valor ecosistémico y sociocultural, así como los derechos y modos de vida de los pueblos y comunidades que habitan estos territorios.
En los últimos años, minerales como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto, el oro, plata y las tierras raras han adquirido una relevancia creciente por su papel en sectores estratégicos como la transición energética, la industria militar y el sector de la inteligencia artificial. Esta expansión dispara considerablemente la demanda y, al mismo tiempo, vincula determinados minerales a objetivos que exceden las políticas climáticas de descarbonización y se proyectan cada vez más en agendas de seguridad, tecnológicas y comerciales. El fenómeno se profundiza en un escenario de creciente competencia entre potencias y de crisis del orden internacional, evidenciada por conflictos armados y la ruptura de consensos básicos como el respeto a los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la protección del planeta.
En este contexto, algunos países y regiones del Norte Global han definido a estos minerales como “estratégicos” o “críticos”, a partir de criterios que responden a sus propios intereses y no exclusivamente a los usos específicos de cada mineral. Por ejemplo, las tierras raras —minerales utilizados en sistemas de defensa, radares y tecnologías militares— han pasado a ser consideradas un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, particularmente, frente al dominio de China en distintos eslabones de sus cadenas de valor y en las de otros minerales considerados estratégicos.
Las principales potencias y bloques globales como Estados Unidos, China, la Unión Europea y los miembros de los BRICS —con rol preponderante de China— despliegan distintas estrategias que convergen en un punto: asegurar el acceso a estos minerales y fortalecer su posición a lo largo de sus cadenas de valor. Para ello, recurren a acuerdos comerciales y de protección a la inversión, medidas arancelarias y otros instrumentos de política económica como el financiamiento, adquisición o participación en proyectos extractivos y de infraestructura.
Este escenario vuelve a situar a América Latina en una posición central como proveedora de materias primas, mientras que las capacidades de innovación, desarrollo tecnológico, industrialización y captura de valor continúan concentrándose en el Norte Global. Esto limita los márgenes de autonomía de los países del Sur Global, que además enfrentan fuertes presiones internacionales cuando buscan regular la explotación de minerales o fortalecer su participación en las cadenas de valor.
Al interior de la región, la centralidad geopolítica de los minerales coincide con el avance de agendas desregulatorias orientadas a atraer inversiones y acelerar proyectos extractivos. Observamos una reconfiguración selectiva del rol de los Estados: mientras se debilitan las capacidades vinculadas con la protección ambiental y los derechos humanos, se fortalecen aquellas asociadas con la seguridad, la vigilancia y la protección de actividades consideradas estratégicas. A ello se suma una tendencia a la flexibilización de los procedimientos de evaluación ambiental y de reducción del espacio cívico, expresada en restricciones a la participación pública y la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y del ambiente.
Estas tendencias debilitan las condiciones democráticas necesarias para discutir de manera abierta y participativa las decisiones de política pública e intensifican las presiones sobre territorios, comunidades locales, pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos u otros grupos sociales, muchas veces en contextos atravesados por conflictos preexistentes y situaciones de vulnerabilidad social y climática. Se trata, además, de territorios en la región más biodiversa y una de las más ricas en diversidad cultural del planeta, que alberga ecosistemas frágiles y de alto valor ecológico —como humedales, páramos y bosques tropicales—, que son fundamentales para la regulación climática, la reproducción de la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades y pueblos que los habitan.
América Latina se encuentra así en el centro de una nueva disputa global por materias primas, atravesada por narrativas de seguridad, sustentabilidad y desarrollo que conviven con riesgos de mayor dependencia, debilitamiento de soberanía, profundización de las desigualdades y pérdida (en muchos casos irreversible) de su patrimonio natural. Frente a este escenario, resulta necesario construir una agenda regional para la protección de los derechos humanos y la biodiversidad en contextos extractivos, fortaleciendo el papel de la sociedad civil y las comunidades que aborden la dimensión local y global en la construcción de estrategias para la transición socioecológica justa y de alternativas al modelo global de producción y consumo que se encuentra en el origen de la crisis.
Por ello, las organizaciones firmantes nos dirigimos a los gobiernos de América Latina y del Norte Global, organismos internacionales y multilaterales, instituciones financieras internacionales, empresas y otros actores con responsabilidades e incidencia en las políticas mineras, energéticas y de transición, para plantearles que:
1) Los derechos humanos deben constituir el punto de partida y el límite de cualquier definición de transición energética y política energética.
Ningún objetivo de descarbonización, seguridad energética o atracción de inversiones puede justificar la vulneración de derechos humanos. Debe prestarse especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los pueblos y comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas y otras comunidades y/o grupos sociales, respetando sus formas de vida, organización social y relación con los territorios que habitan. Entre los derechos humanos comprendidos se destacan el derecho a un ambiente sano, los derechos territoriales, a la autodeterminación, a la identidad cultural, así como el acceso a la información, la participación y la justicia. En el caso de los pueblos indígenas, deben garantizarse sus derechos de consulta y participación, en particular, el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Los Estados deben fortalecer su rol como garantes de estos derechos y no delegar esa responsabilidad a actores privados.
2) Se debe asegurar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas de particular importancia para la biodiversidad y para las personas, incluidos, entre otros, los ecosistemas andinos y amazónicos.
La región alberga una proporción excepcional de la biodiversidad mundial y ecosistemas de alta integridad ecológica cuya conservación resulta esencial tanto para las poblaciones y comunidades que dependen directamente de ellos, como para el mantenimiento de sus funciones ecológicas y de las contribuciones de la naturaleza a las personas, entre ellas la regulación del agua, del aire y del clima, la salud de los suelos, la provisión de alimentos y la protección frente a riesgos y desastres. En línea con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, los Estados deben adoptar medidas efectivas para detener la pérdida de áreas de alta importancia para la biodiversidad, conservar y restaurar los ecosistemas y mantener y fortalecer su integridad, conectividad y resiliencia (incluido el establecimiento de zonas de exclusión de actividades extractivas, áreas protegidas, sitios Ramsar, TICCAs, y otros), y aplicar instrumentos de planificación ambiental sólidos y con base científica que tengan por objeto prevenir el daño ambiental (como las evaluaciones de impactos ambiental acumulativas). Estas obligaciones deben implementarse desde un enfoque de derechos humanos, reconociendo y respetando los derechos, territorios, conocimientos y contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo mujeres y jóvenes, y garantizando su participación plena y efectiva.
3) Cualquier propuesta u horizonte de transición energética debe respetar los límites planetarios, y revisar el consumo de minerales, materiales y energía, especialmente en el Norte Global.
La sustitución tecnológica y el reemplazo de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía, sin revisar y transformar los actuales patrones de producción y consumo ni el consumo neto de energía, no será suficiente para hacer frente a la crisis planetaria. Es necesario reducir la demanda de minerales y energía, particularmente de los países donde los niveles de consumo son más elevados, y cuestionar aquellas soluciones que, bajo discursos de descarbonización o innovación, reproducen niveles crecientes de extracción. Esto implica también respetar y fortalecer otras formas de bienestar y de relación con la naturaleza, así como formas de convivencia más justas y sostenibles entre las personas y con los demás seres vivos.
4) El destino y los usos finales de los minerales que se extraen en la región deben ser transparentes, trazables y contribuir a fines compatibles con la convivencia pacífica de la humanidad y la supervivencia en el planeta.
Las distintas denominaciones de determinados minerales como “para la transición”, “críticos”, “estratégicos” o de “interés público” no son neutrales: tienen consecuencias políticas, económicas y regulatorias que no responden necesariamente a necesidades comunes de la humanidad. En coherencia con el compromiso histórico de América Latina con la paz y las soluciones dialogadas a los conflictos entre Estados, de ninguna manera puede justificarse que los minerales provenientes de la región sean utilizados para la industria militar ni la vigilancia masiva de personas. Toda decisión vinculada al destino y los usos finales de los minerales deben ser sometidas a escrutinios públicos, democráticos y comunes. Los Estados deben establecer obligaciones de transparencia, trazabilidad y debida diligencia, que permitan conocer los actores que intervienen en las cadenas de valor, los sectores a los que abastecen y los destinos y usos finales de los minerales. La información disponible sobre estos usos debe formar parte de los procesos de información, participación y consulta vinculados con la autorización de los proyectos.
5) La transición energética debe ser justa y democrática, orientada al bienestar de la población.
Debe ser entendida como parte de un proceso de transformación socioecológica más amplia, integral, territorialmente situada y plural, capaz de modificar no solo las fuentes de energía sino también las relaciones de producción, consumo y desecho que reproducen desigualdades. Estas definiciones no pueden quedar exclusivamente en manos de actores técnicos o económicos, sino que deben construirse a partir de instancias amplias de deliberación y participación democrática.
6) La energía debe ser concebida como un derecho habilitante de otros derechos y no exclusivamente como una mercancía sujeta a las dinámicas del mercado.
El acceso a energía segura, asequible y limpia constituye una condición fundamental para garantizar otros derechos básicos, como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación o a la vivienda digna. En este sentido, las políticas energéticas deben priorizar el acceso universal y abordar de manera explícita las situaciones de pobreza energética que afectan a los sectores más amplios y vulnerables de la población.
7) Los países de América Latina deben fortalecer su autonomía política y fiscal para contar con capacidad real y definir sus propios caminos hacia el desarrollo y bienestar.
Los países de la región deben poder decidir sus estrategias de reducción de emisiones y transformación de sus sistemas energéticos de acuerdo con sus necesidades sociales, económicas y ambientales, abordando sus desigualdades estructurales y garantizando la participación ciudadana y democrática. Los condicionamientos financieros y las prioridades o agendas definidas por actores externos no deben subordinar la autonomía ni limitar la capacidad de decisión de los países de la región.
Organizaciones firmantes:
- Acción Ecológica – Ecuador
- Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) – Colombia
- Asociación Argentina de Abogado/as Ambientalistas (AAdeAA) / Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) – Argentina
- CartoCrítica, A.C. – México
- Centro de Documentación e Información (CEDIB) – Bolivia
- Centro de Estudos e Pesquisas BRICS – Brasil
- César Sin Fracking y sin Gas – Colombia
- Climate Action Network Latin America – Regional
- CooperAcción – Perú
- Corporación Jurídica Libertad – Colombia
- Empodérate, Colectivo de Derechos Humanos – Bolivia
- Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) – Chile
- Formando Rutas SpA – Chile
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) – Argentina
- Fundación Tanti – Chile
- Fundación Terram – Chile
- Latinoamérica Sustentable (LAS) – Regional
- Observatório da Mineração – Brasil
- Red Muqui – Perú
- Red para la Justicia de los Recursos – Global
- Sustentarse – Chile